La continuidad de uno de los proyectos viales más ambiciosos para el Eje Cafetero volvió a quedar en discusión luego de nuevos pronunciamientos alrededor de la iniciativa privada Conexión Centro, una megavía que tiene como objetivo modernizar la conexión entre Armenia, Pereira, Manizales y el Valle del Cauca.
El gobierno Petro se alista para tomar una decisión trascendental para el sector de infraestructura en Colombia, nada más y nada menos que aprobar o no el nuevo megaproyecto de $7 billones que busca transformar la movilidad en el Eje Cafetero para las próximas tres décadas, que en primera instancia fue rechazado.
La iniciativa conocida como IP Conexión Centro busca intervenir alrededor de 317 kilómetros de corredores estratégicos entre Armenia, Pereira, Manizales y La Paila. El proyecto incluye nuevas dobles calzadas, construcción de puentes, intersecciones y mantenimiento de vías existentes, con el objetivo de fortalecer la conexión logística entre el centro del país, el Eje Cafetero y el puerto de Buenaventura.
En los últimos días, el viceministro del Interior, Gabriel Rondón, aseguró durante una mesa de trabajo en Caldas que la IP Conexión Centro “no será elegida” para administrar las vías del Eje Cafetero, en medio de protestas ciudadanas relacionadas con los peajes.
Uno de los puntos que ha generado mayor discusión está relacionado con el esquema de financiación. La propuesta plantea que las obras sean financiadas principalmente mediante el recaudo de peajes, por ello, Odinsa Vías (la empresa que presentó esta iniciativa) ha planteado la reducción en el número de casetas y el valor de sus tarifas para quienes se movilizan por la región.
Igualmente, se plantean inversiones para infraestructura social, capacitaciones para las personas aledañas a los territorios, cuidado ambiental y la generación de más de 54.000 empleos en la región.
Con esto en mente, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) y Odinsa Vías le hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que se tome una decisión técnica y legal, sobre todo ahora que está en riesgo por el ambiente electoral.
Frente a la negativa en primera instancia, la presidenta de la CCI, María Consuelo Araújo, aseguró lo siguiente: “Nuestro llamado es a respetar las reglas de juego y a no politizar la infraestructura, porque vemos que hay una coyuntura electoral de la cual se quiere sacar partido”.
Finalmente, la dirigente gremial dijo que la evaluación se debe hacer “en el marco de la ley colombiana, de la Constitución y que sea una discusión técnica y respetuosa, que es lo que ha caracterizado a la ANI siempre”.