El fiscal Mario Burgos fue quien llevó a la cárcel a Nicolás Petro y ahora tiene en un enredo judicial al presidente Gustavo Petro. Logró que un juzgado ordenara al mandatario a pagar una multa equivalente a los cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, casi 10 millones de pesos, por no rectificar sus declaraciones en contra del fiscal Burgos.
La disputa legal por el buen nombre la arrancó el presidente Gustavo Petro, como en muchas oportunidades, escoltado en sus redes sociales y donde vinculó al fiscal Burgos con carteles de narcotráfico y particularmente en el caso que dejó como víctima al fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Lo denunciaron y en varias decisiones judiciales le llamaron la atención a Petro.
“Estudiadas las órdenes de rectificación proferidas en este asunto, versus las rectificaciones emitidas por el Presidente de la República, se observa que estas desdibujan la orden judicial inicial... Como quiera que el punto que no se debe perder de vista es si con las declaraciones realizadas por el Presidente, objeto de rectificación, se afectó el buen nombre del fiscal Mario Andrés Burgos Patiño”, señala la decisión.
Ahora, en la más reciente decisión, un juzgado de la ciudad de Bogotá concluyó que, al no confirmarse la rectificación en las circunstancias que ordena la ley y que puedan resarcir el daño causado al buen nombre del fiscal Mario Burgos, es necesario imponer una multa en el propósito de sentar un precedente sobre la infracción del primer mandatario.
“Así, lo que corresponde al señor Presidente de la República es rectificar conforme se le ordenó en auto de 6 de octubre de 2025, orden que no ha sido cumplida aun cuando se ha concedido un término prudencial para ello, atendiendo a que es una orden compleja teniendo en cuenta el límite de las alocuciones presidenciales impuesto en la Sentencia del Consejo de Estado”, señala la decisión.
Petro tendrá que pagar la multa en los próximos tres días, una vez quede ejecutoriado el fallo que obligue al primer mandatario a pagar una multa por los daños causados al fiscal Mario Burgos y la ausencia de una rectificación correcta a las declaraciones que hizo a través de sus redes sociales y plaza pública.
“El núcleo del conflicto radica en la afectación al buen nombre y honra del señor fiscal Mario Andrés Burgos Patiño, debido a las declaraciones presidenciales que sugerían que el funcionario había eliminado o desaparecido a Sebastián Marset (presunto autor intelectual del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci) del expediente de investigación”, advierte la decisión.
El juzgado negó la compulsa de copias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y los días de arresto que surgen luego del incidente de desacato; en cambio, optó por la multa al presidente de la república, un hecho con pocos presidentes para un jefe de Estado en Colombia.