Sombras sobre El Salado

Sentados desde temprano bajo la sombra de sus pórticos, tratando de evitar el implacable sol, algunos vecinos del parque central de El Salado miraban con atención y curiosidad la rara ceremonia que escenificaban varios funcionarios, oficiales uniformados y periodistas, que deambulaban por las calles arenosas e irregulares de este caserío el sábado 12 de enero.

El sofoco y la humedad hacían lo suyo, pero era imposible no sentir tensión en el aire. Gran cantidad de vehículos de los que descendieron decenas de policías, soldados e infantes de Marina llenaron el poco espacio vial de esta población. En febrero de 2000 allí sucedió uno de los hechos más terribles de la guerra en Colombia, cuyo horror hizo huir a prácticamente todos sus 7.000 habitantes, la mayoría para no volver jamás.

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El operativo de seguridad incluía los 19 kilómetros de la vía pavimentada en concreto que une a El Salado con la troncal de Occidente y el Carmen de Bolívar, en donde apostaron tres retenes. Hasta hace poco tiempo, esta corta distancia podía representar hasta cuatro días de camino para los saladeros, en especial en invierno, porque la trocha se convertía en un lodazal.

El sábado el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, y la cúpula de las Fuerzas Armadas hicieron un consejo de seguridad en El Salado, en el que oyeron a sus habitantes.

El sobrevuelo de un avión de combate sobre el corregimiento de El Salado terminó de convertir el despliegue en ostentación. Pero deleitó a los habitantes que ya se habían animado a llegar al parque principal.

La Casa del Pueblo, levantada en 2011 con recursos privados gestionados por la Fundación Semana, alberga la biblioteca pública que regenta Mile Medina. Ese día se convirtió en el punto de reunión para tratar el tema que había roto la calma del poblado, no ese día, sino semanas atrás: las amenazas de muerte que recibió en diciembre la lideresa Yirley Velazco, que lucha por las mujeres víctimas de violencia sexual en la región de los Montes de María. Por extensión, las advertencias iban dirigidas a los 12 líderes sociales de El Salado, cuyos mensajes ensombrecieron las fiestas de fin de año.

“Aténganse a ser castigados por su insolencia y cobardía. Esto a ustedes no se lo hacemos porque sean malas personas, sino que metiéndonos con las personas que el pueblo más defiende y lloraría por ellos (sic) entonces lograríamos que el gobierno ponga los ojos otra vez en nosotros y se acuerden que nos deben una indemnización”, decía uno de los mensajes enviados vía Facebook, y denunciado en redes por el columnista de SEMANA Daniel Samper Ospina el 9 de enero.

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Los habitantes tomaron las amenazas en serio, sobre todo por la oleada de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos registrada en el país. Solo entre 2016 y 2018, según la Defensoría del Pueblo, murieron 438 de ellos, y en los primeros días de 2019 ha caído ya una decena. Pero eso no es todo. Según el portal Verdad Abierta, ese organismo emitió en junio de 2018 una alerta temprana en la que pidió a las autoridades “adoptar medidas urgentes y efectivas de prevención y protección” de los líderes de varios corregimientos y veredas de El Carmen, entre ellos El Salado.

El 10 de enero se enrareció aún mas el ambiente cuando dos hombres en moto abordaron a un equipo periodístico de Caracol Radio que viajó al poblado para informar sobre las intimidaciones y les dijeron: “¡Pilas, que los van a matar!”. Todo esto hizo que el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, citara a las principales autoridades civiles, policiales y militares del departamento a un consejo de seguridad en El Salado.

A un lado de la Casa del Pueblo está la cancha, el rectángulo de concreto sobre el que llegó el clímax de la masacre cometida hace 19 años por 450 hombres de tres columnas de las AUC. Ellos, gracias a la inacción de comandantes militares, se ensañaron durante tres días con los habitantes de este corregimiento, quienes se dedicaban en su mayoría a un próspero negocio tabacalero.

Durante tres días, los paramilitares obligaron a la población a ver cómo torturaban a sus vecinos y los ejecutaban cruelmente, tras acusarlos de pertenecer o auxiliar a las Farc. Los verdugos celebraban cada asesinato con licor, carcajadas y música estridente. En el colmo de la humillación, festejaron con golpes de tambor y sonidos de gaita y acordeón, los instrumentos de la comunidad. Al final, dejaron al menos 60 muertos, sin contar los vejámenes sexuales a las mujeres. Su gente huyó despavorida para refugiarse en El Carmen, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta e, incluso, Bogotá.

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En 2002, de la mano del líder Lucho Torres, unos pocos saladeros, hartos de vivir como almas errantes en urbes extrañas, juntaron el valor para emprender el retorno a un pueblo ya tragado por la manigua. Fundación Semana y sus aliados ejercieron un papel clave desde 2009 en la tarea de desarrollar programas en las áreas de infraestructura, generación de ingresos, salud, educación, desarrollo comunitario y seguridad. Un líder, que prefirió el anonimato, expresó que “sin esa ayuda quizá no habría El Salado”.

Pero tal vez reconstruir el tejido social ha requerido el mayor trabajo. En los últimos meses han aflorado algunas divisiones entre los habitantes, que quedaron en evidencia en el consejo de seguridad. “El problema no es de mayor presencia de tropa porque aquí no hay reducto de ningún grupo guerrillero o bandas criminales o autodefensas”, reconoció ese día el gobernador Turbay ante la abrumadora presencia militar. “Aquí hay una situación de intolerancia de unos canallas que se aprovechan de la fragilidad de una comunidad que ha sufrido tanto”.

Para muchos allá es un secreto a voces que los autores de las amenazas –por quienes ofrecen una recompensa de 20 millones de pesos– serían habitantes de El Salado, que pretenden obtener la reparación prometida por la Unidad de Víctimas. Piensan que intimidar a los líderes cabezas visibles de la comunidad les permitiría llamar la atención del Estado. Pero eso no significa menospreciar la gravedad de las amenazas. De hecho, hay nuevos problemas sociales de microtráfico, consumo de sustancias psicoactivas o prostitución que los saladeros aún no saben lidiar, esto sin contar que en otras poblaciones cercanas empiezan a sentirse los pasos del Clan del Golfo y del ELN.

Mile Medina destacó que “El tejido social aún está roto. El Salado se dividió y, por eso, no avanzamos”. Para ella hay muchos resentimientos y envidias enquistadas, pues algunos se sintieron excluidos de los proyectos de reconstrucción.

Gracias al trabajo de la Fundación Semana, de aliados privados e internacionales, y del apoyo del Estado, unos 2.800 saladeros han regresado al casco urbano y a las veredas, un 40 por ciento de la población original. Aunque todavía muchos viven su día a día con carencias, lo hacen con tranquilidad. Sus quejas tienen que ver con el taponamiento del alcantarillado, que hace que afloren las aguas negras, y la falta de fuentes de trabajo, más allá de la agricultura o la ganadería. Ese sábado los visitó por primera vez Rafael Gallo, el alcalde de Carmen de Bolívar, el municipio al que corresponde El Salado. Solo lo habían visto en la campaña electoral.

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Pero los habitantes reclaman sobre todo el olvido estatal y lo que consideran el incumplimiento de las promesas de reparación que les hizo la Unidad de Víctimas. “Gran cantidad de personas, incluso algunas que viven en Bogotá, Cartagena y Barranquilla, fueron citadas aquí para que les dijeran que no hay plata y que el cheque no estaba. Eso fue un irrespeto y una irresponsabilidad”, manifestó la lideresa Gladys Pérez.

Así también transcurre la vida de varios saladeros, que aguardan esperanzados la compensación individual y colectiva del Estado que obvió proteger su vida, su honra y sus bienes.