Empresas estarían ofreciendo “paquetes turísticos” a migrantes para viajar de San Andrés a Centroamérica; cobran hasta $21 millones

La procuradora general, Margarita Cabello Blanco, prendió las alarmas ante la creciente oferta de “paquetes turísticos” dirigidos a la población migrante que busca viajar desde San Andrés hacia Centroamérica, con costos que oscilan entre USD 1.500 y USD 5.000 (entre 6 y 21 millones de pesos colombianos). Esta situación se puso en evidencia durante la presentación del ‘Informe Preventivo sobre la Situación Migratoria en San Andrés’.

La procuradora Cabello hizo un llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores y a Migración Colombia para que aborden esta situación y tomen medidas para controlar la migración irregular, que está en aumento tanto en San Andrés como en otras fronteras del país.

“Evidenciamos la falta de respuesta institucional. No se advierte el ejercicio de liderazgo por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, como autoridad rectora en materia migratoria”, aseguró la jefe del Ministerio Público.

De igual forma, la procuradora también enfatizó la responsabilidad del sector privado en esta problemática, señalando que algunas aerolíneas no estarían cumpliendo adecuadamente con la verificación de los boletos de regreso de los viajeros, y que algunos hoteles no proporcionan la información necesaria sobre los extranjeros que se hospedan en sus establecimientos.

Además, se informó que los migrantes en tránsito han establecido campamentos improvisados en la isla y en áreas cercanas, mientras recaudan recursos para continuar su viaje. Están expuestos a las inclemencias del clima y a abusos por parte de grupos ilegales, como la esclavitud, prostitución infantil y el microtráfico, entre otros.

El informe también señaló los peligros que enfrentan durante el traslado, como viajes de hasta 15 horas en altamar para evitar ser detectados por las autoridades, la presencia de niños y mujeres embarazadas en las embarcaciones, y el riesgo constante de ser interceptados por grupos delictivos que los despojan de sus pertenencias.

“No deja de ser muy preocupante, porque entre los riesgos que afronta esa población migrante encontramos realidades como por ejemplo; lanchas pequeñas, lanchas inseguras y casi que básicas con un solo motor, ausencia de chalecos salvavidas, ausencia de instrumentos de navegación en esas naves y ausencia de instrumentos de comunicación.

Incluso hemos encontrado y detectado la potestad de que esa población migrante sean víctimas de redes de tráfico irregular que no tienen consideración alguna en la seguridad personal de esa población y terminan incluso asaltándolas y quitándolas y quitándoles todas sus pertenencias”, advirtió Cabello Blanco durante la presentación del informe.

Asimismo, la procuradora Cabelló señaló que la migración irregular por vía marítima es un tema que merece toda la atención de las autoridades, como sucede en el caso del Tapón del Darién.

“Este año han existido seis naufragios, en los cuales han desaparecido al menos, que se tenga conocimiento, 59 personas. Es decir, es claro que esto no es un tema menor. Si hay un tema grande y mayor en el Tapón del Darién, hay que ponerle atención a este nuevo flujo de migrantes a través de la vía marítima. Nosotros como país, y sobre todo como institucionalidad, debemos estar presentes en todo el territorio nacional, brindando el apoyo necesario para evitar y mitigar esta situación y lógicamente evitar que sigan ocurriendo pérdidas de vidas humanas”, dijo.

La ruta que siguen los migrantes vía marítima inicia en la isla de San Andrés y continúa hacia uno de los puntos o rutas conocidos que es Cayo Pescador, en este lugar es desde donde se zarpa toda la población migrante de diferentes nacionalidades hacia Nicaragua.

“Con base en esos descubrimientos, que lo hemos trabajado mucho con la Armada, diseñamos y pusimos en marcha una estrategia de seguimiento integral frente a la garantía de los derechos de la población migrante”, indicó.

Finalmente, la procuradora hizo un llamado a la unidad interinstitucional para adoptar medidas de atención urgentes y recordó que la potestad disciplinaria del ente de control está vigente y será utilizada, si es necesario, para proteger los derechos humanos y el bienestar general.