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Comunidad desalojada en Cali de Aldovea y Cauquita están en albergue temporal.
Las autoridades indicaron que este albergue es destinado exclusivamente a personas que hayan sido declaradas por la Unidad de Víctimas como desplazados del conflicto armado. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

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En octubre fueron indemnizadas 544 víctimas en el oriente antioqueño

En esta subregión se alcanzaron las 3.110 indemnizaciones este año lideradas por la Unidad para las Víctimas en Antioquia.

De acuerdo con la Unidad para las Víctimas, durante el mes de octubre 544 víctimas del conflicto armado residentes en los 23 municipios del oriente antioqueño fueron reparadas con indemnizaciones, a lo que se suman oportunidades y oferta para una inversión adecuada que mejore su calidad de vida.

Con las indemnizaciones entregadas, esta subregión alcanza las 3.110 indemnizaciones este año para la población, contando una inversión de 31.700 millones de pesos.

Por otro lado, durante los 11 años de vigencia de la Ley de Víctimas, los sobrevivientes del conflicto armado de los 23 municipios del Oriente han sido reparados con 54.259 indemnizaciones individuales, contando una inversión superior a los 348.552 millones de pesos.

Personas mayores, personas con enfermedades graves, con discapacidades, campesinos y mujeres cabeza de familia son los principales beneficiados con esta medida reparadora. En el mismo acto, participaron en la lectura de las cartas de dignificación por diferentes hechos victimizantes.

La directora de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Claudia Patricia Vallejo, destacó que el “pago de las indemnizaciones se complementa con la orientación para una adecuada inversión de estos dineros públicos para apoyar sus proyectos de vida”. También indicó que, en su mayoría, “son personas priorizadas por sus condiciones de edad, salud y vulnerabilidad”.

Sobre ese asunto, se conoció la oferta de entidades como el Sena, Colpensiones, Banco Agraio, universidades y alcaldías en temas de su interés como vivienda, educación superior, ahorro, pensiones, fortalecimiento o emprendimiento de negocios.

Por otro lado, la directora territorial afirmó que se tiene que fortalecer la implementación de la Ley y los Acuerdos en los años que vienen.

“El reto que tenemos será fortalecer la implementación de la Ley de Víctimas y de los Acuerdos de Paz durante el próximo cuatrienio del actual Gobierno para cumplirle a las víctimas”, dijo.

“Están robando a las víctimas”: representante de las curules de paz lanza dura denuncia desde el Congreso

El representante de las curules de paz por el Catatumbo Diógenes Quintero hizo este viernes una grave denuncia sobre un presunto caso de estafa que está ocurriendo con las víctimas en Norte de Santander.

Según dio a conocer el representante, inescrupulosos se estarían aprovechando de las ayudas humanitarias que les entrega el Estado a quienes sufrieron el conflicto para sacar provecho económico.

La ayuda humanitaria es una medida de asistencia con la cual el Estado busca garantizar el derecho a la subsistencia mínima de las víctimas de desplazamiento forzado hasta tanto salgan de su situación de vulnerabilidad relativa a este derecho, ocasionada por la ocurrencia del hecho victimizante.

Sin embargo, de acuerdo a lo que dio a conocer Quintero, “muchas víctimas del conflicto armado cuando van a cobrar sus ayudas humanitarias, aparece que ya se las han cobrado”.

El congresista agregó que dio a conocer esta situación a la directora de la Unidad de Víctimas “y no volvió a responder”.

“Están robando a las víctimas y la directora (de la Unidad de Víctimas) Patricia Tobón no responde”, señaló Quintero.

Esta denuncia fue respaldada por el personero de Ocaña, Norte de Santander, Jorge Bohórquez, quien anunció que pondrá en conocimiento de las autoridades este posible caso de estafa.

“Apoyamos la denuncia realizada por el representante Diógenes Quintero, las víctimas se sienten estafadas, allegaremos un listado con las personas a la cuales les ha sucedido, la Unidad de Víctimas debe dar una explicación e investigar lo sucedido”, apuntó Bohórquez.

Mientras esto ocurre, en los últimos días diferentes organizaciones sociales pidieron al Gobierno Nacional aumentar y priorizar la atención y reparación de las víctimas del conflicto armado.

La petición fue elevada conjuntamente por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas y los Representantes de los Pueblos Étnicos que hacen parte de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo de la Ley 1448 de 2011.

De acuerdo con esa instancia, los recursos destinados en los últimos 10 años a la Política Pública de Víctimas por $ 146 billones han resultado insuficientes para asistir, atender y reparar a las más de nueve millones de víctimas reconocidas en el país.