Escándalo: red de corrupción en Caldas enreda a senadores, exfuncionario del DPS y contratistas; más de $25.400 millones embolatados

La Fiscalía confirmó este viernes, 17 de noviembre, que tiene varias líneas para establecer hechos de corrupción que enredan a congresistas. Una afirmación en extremo vergonzosa para la credibilidad y la institucionalidad.

Para el ente acusador, los hechos son escandalosos y dejan graves dudas sobre la transparencia en la contratación pública. En este caso, el departamento de Caldas, otra vez, fue la víctima.

En el marco de estas investigaciones, la Fiscalía logró la captura y judicialización de dos contratistas que, de acuerdo con el proceso, estuvieron comprometidos en los hechos de corrupción que tienen a dos senadores en líos con la justicia, con compulsas de copias y procesos con delicados señalamientos.

“La Fiscalía General de la Nación avanza con determinación en las distintas líneas investigativas definidas para poner en evidencia a los integrantes de diferentes redes de corrupción, que estarían conformadas por congresistas y funcionarios, y serían las responsables de direccionar la contratación en entes regionales y territoriales”, explicó la Fiscalía.

Se trata de Raúl Alfonso Cardozo Nuncira y Andrés José Ospina Rosales, a quienes los fiscales de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputaron los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. Los cargos no fueron aceptados.

“Los hechos investigados están relacionados con un contrato suscrito entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la Empresa Industrial y Comercial del Estado ‘Proyecta Quindío’, por un valor superior a los 49.000 millones de pesos, para gestionar la construcción o mejoramiento de vías secundarias en varios departamentos”, señaló la directora especializada contra la Corrupción Martha Alejandra Parra.

De acuerdo con la Fiscalía, los elementos de prueba indican que, con la presunta intervención de los senadores, un exfuncionario del DPS, un exgerente de ‘Proyecta Quindío’ y particulares, se adjudicó a los contratistas de obras priorizadas, cuyos contratos ascendían en valor a 25.436 millones de pesos.

“En ese sentido, los favorecidos, al parecer, conocieron anticipadamente los requisitos técnicos y financieros de los contratos, y ajustaron las propuestas de tal manera que fueron invitados las personas referidas por ellos, resultando adjudicatarios de los contratos, particulares previamente seleccionados”, explicó la funcionaria.

Hasta la UTL

En esta misma investigación, según la Fiscalía, una funcionaria del congreso, que estuvo en la Unidad de Trabajo Legislativo - UTL del senador Ciro Ramírez, también fue judicializada y al mismo congresista el ente acusador le compulsó copias para establecer su responsabilidad en los hechos de corrupción.

“En atención a lo pactado, ‘Proyecta Quindío’ se encargó de viabilizar 27 proyectos de obra, con sus respectivas consultorías. Al parecer, aprovechó su régimen de contratación exceptuado, y de manera indebida seleccionó contratistas e interventores, previamente referenciados por los cabecillas de la red criminal”, señaló la Fiscalía tras confirmar la judicialización de la exfuncionaria.

Se trató de Katherine Rivera Bohórquez, quien hasta agosto de 2023 fue integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo del señalado senador Ciro. En ese mismo operativo también fue presentado ante jueces de control de garantías el señor Anderson González, contratista que resultó enredado.