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Exalcalde de Neiva, Gorky Muñoz, se queda con sanción de destitución por 9 años; fallo del Consejo de Estado

El exmandatario local fue sancionado por irregularidades en contratos celebrados durante la pandemia ocasionada por la Covid-19.

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23 de septiembre de 2026 a las 9:32 a. m.
El exalcalde de Neiva, Gorky Muñoz.
El exalcalde de Neiva, Gorky Muñoz. Foto: Colprensa

El exalcalde de Neiva, Gorky Muñoz, se quedó con la sanción de destitución e inhabilidad por nueve años y seis meses que le impuso la Procuraduría General de la Nación, por las irregularidades relacionadas con los principios detrás de los contratos celebrados durante la emergencia sanitaria ocasionada por la covid-19.

La decisión fue tomada por el Consejo de Estado tras dejar en firme la sanción disciplinaria contra el exmandatario, luego de determinar que se declaró ajustada al ordenamiento jurídico del ente de control que impuso esa medida.

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El alto tribunal informó que en medio de esa revisión logró validar la sanción que le interpuso la Procuraduría por las irregularidades detrás de los principios de selección objetiva, planeación y economía de diferentes procesos de contratación que salieron en medio de la pandemia.

Esa decisión se dio después de que el Consejo de Estado resolvió un recurso extraordinario de revisión y ejerció control integral sobre toda la actuación disciplinaria que pesa contra el exalcalde de Huila.

Desde esa alta corte informaron: “Estableció que la Procuraduría actuó dentro de sus competencias y que en el trámite se respetaron las garantías del debido proceso y el derecho de defensa”.

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Los magistrados de la Sala 27 Especial de Decisión reconocieron que la emergencia sanitaria permitía acudir a la figura de urgencia manifiesta, pero esto no implicaba que pudieran desconocerse los principios que rigen la contratación estatal y el manejo de recursos públicos.

Ese análisis de la sanción permitió determinar que algunas actuaciones cuestionadas no estuvieron justificadas en aspectos relacionados con las cantidades contratadas, la necesidad y la razonabilidad de determinados elementos y las condiciones de interventoria.

Los contratos que terminaron metidos en esta controversia estaban destinados para la prevención y mitigación de los efectos del covid-19, el suministro de alimentos para población vulnerable y la destinación de alimentación escolar.

El Consejo de Estado también evidenció falencias en la idoneidad y experiencia de los contratistas y los cuestionamientos detrás del costo de algunos elementos, especialmente, los que estuvieron relacionados con la divulgación de las campañas de sensibilización.

Gorky Muñoz alegó una vulneración dentro de este caso al considerar que esos mismos hechos ya habían sido objeto de otra investigación disciplinaria que terminó archivada. El fallo de la corporación concluyó que esa garantía no fue desconocida, porque la primera actuación se hizo contra personas indeterminadas.