Sin pisar un salón de clases, ni asistir a ver una materia, y mucho menos presentar un examen, cuatro personas lograron obtener el título de especialización en Gestión Pública y Gestión de Proyectos.
¿Parece conocida la historia? Bueno, esto ocurrió, pero esta vez en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), entre los años 2018 y 2023.
SEMANA revela detalles de la minuciosa investigación de la Fiscalía General, que estableció el tiempo, modo y lugar en que un grupo de contratistas de la UNAD, agentes del CTI con décadas de trayectoria y estudiantes habrían ingresado ilegalmente al sistema Edunat para manipularlo a su antojo y vender los títulos.
La correría criminal no terminó ahí. La investigación -que surgió tras las denuncias presentadas por las directivas de la UNAD- también estableció que se manipularon notas en el sistema en diferentes programas de pregrado y posgrado. Además, se habrían alterado los pagos de matrícula en el reconocido centro universitario.
En el expediente, conocido en su totalidad por esta revista, y que se presentó durante una audiencia de imputación de cargos celebrada el pasado 2 de junio, se cita que dos contratistas de la UNAD, identificados como David Alberto Botero Reyes y Jorge Mario Medina Martín, utilizaron “sus privilegios” para realizar “cargues manuales de recaudos sin la autorización obligatoria de la oficina de tesorería”.
La investigación estableció que con este modus operandi se registraron 15 pagos ficticios, por un valor cercano a los 82 millones de pesos. Esto permitió que varios estudiantes cursaran los programas de pregrado y posgrado sin haber aportado un solo peso a las arcas de la UNAD.
Cuando el sistema marcaba la opción de “habilitado” en la plataforma financiera, aparecía el ingeniero José Alexander Cárdenas González, quien se desempeñaba como administrador de la base de datos de la UNAD, para modificar —según el pago acordado— las notas de 0.0 por calificaciones aprobatorias que se encontraban entre el 3.8 y el 5.0.
Los registros internos advierten que el ingeniero realizó en 145 oportunidades estas alteraciones de calificaciones, para beneficiar a nueve estudiantes que jamás se tomaron el tiempo de pasar por un aula de clases.
Con respecto a la investigación mencionada, David Alberto Botero Reyes, a través de su apoderado, sostuvo que los señalamientos de la Fiscalía no corresponden con la realidad. Asimismo, enfatizó que actualmente cuenta con la presunción de inocencia, dado que no existe una sentencia judicial en su contra que lo declare penalmente responsable de estos hechos y que el proceso se encuentra en etapa de investigación.
En el proceso penal que se adelantó ante el juzgado 57 de control de garantías de Bogotá se reconoció como víctima a la UNAD, considerando que con este actuar se afectó el buen nombre de sus trabajadores y funcionarios; así como de los egresados y estudiantes.
Por su parte, el apoderado de la UNAD, el abogado Oswaldo Antonio Beltrán Urrego, argumentó durante las extensas audiencias que este esquema de fraude vulneró tanto su patrimonio, como sus sistemas de información y su integridad institucional.
El jurista citó que la misma institución educativa fue la que puso en conocimiento de la Fiscalía el ingreso irregular a sus sistemas informáticos.
Frente a estos hechos, la UNAD advirtió que se inició un proceso disciplinario interno por la “manipulación del sistema de información central”. Igualmente, se aplicaron todos los protocolos con el fin de evitar más afectaciones y reincidencias.
“Desde sus funciones legales adelantó la investigación disciplinaria que dio lugar a la identificación de los contratistas implicados en los hechos, y trasladó a la Fiscalía los casos evidenciados, que corresponden a un grupo puntual de personas quienes, abusando de su posición, vulneraron la confianza institucional para beneficio propio o de terceros”, señaló la entidad.
Después del mencionado proceso, la Universidad tomó la decisión de finalizar los contratos con estos funcionarios, quienes, además, fueron denunciados ante las respectivas autoridades.
“Sea la oportunidad para reiterar que la UNAD no acepta ni tolera la corrupción y no acepta concesión alguna frente a quienes, traicionando la confianza institucional —sin importar el tipo de vinculación, cargo o antigüedad—, vulneren su trayectoria y reputación institucional. En este sentido se reitera que cualquier contratista o funcionario de la Universidad que sea hallado responsable de alguna irregularidad legal ha sido y será inmediatamente retirado y denunciado ante la justicia”, señaló la UNAD.
Los agentes del CTI que se desviaron
En uno de los puntos clave del expediente aparece la abogada Andrea Estefanía Ninco Gutiérrez, quien -con este modus operandi criminal- logró el título de especialista en Gestión Pública. Esto después de que se alteraran en el mencionado sistema interno las notas del trabajo de grado para lograr la nada despreciable calificación de 5.0 (casi meritoria), esto pese a que la docente calificadora había advertido la presunta existencia de un plagio.
Con este título obtenido, obviamente, de manera irregular, la abogada logró un contrato con la Alcaldía de Neiva por un valor de 21 millones de pesos en el año 2022. Para la Fiscalía General, esta acción constituyó un fraude procesal para incidir en el error a los servidores públicos de la capital huilense.
Cuando se conoció que la trama criminal había generado alertas en la UNAD, aparecieron en escena dos técnicos investigadores del CTI con dos décadas de experiencia.
Utilizando sus usuarios y claves lograron acceder “de manera abusiva” al Sistema Penal Oral y Acusatorio (SPOA), con el fin de consultar el expediente que se estaba armando contra los contratistas de la UNAD.
En por lo menos 23 oportunidades los “amigos del CTI” —que era la forma en cómo se referían los investigados— ingresaron sin autorización alguna al sistema para descargar órdenes de intercepción y archivos reservados. La filtración permitió que otros implicados se enteraron que existía una pesquisa en su contra.
“No, acá no podemos seguir hablando, porque nos tienen interceptados”, señaló uno de los contratistas de la UNAD en una de las conversaciones interceptadas. Sin embargo, ya con la información recolectada existían indicios claros sobre el cartel de títulos falsos.
Pese a que los contratistas de la UNAD, el ingeniero y los estudiantes intentaron eliminar información y borrar las huellas en el Edunat, forzando al ente investigador a proceder en las capturas con el fin que eliminaran más evidencias o, en el peor de los caos, evadieran a la administración de justicia.
De manera sorpresiva, en la audiencia de imputación de cargos la fiscal del caso retiró la petición de medida de aseguramiento restrictiva de la libertad en contra de los siete implicados en la expedición de estos títulos falsos.