Saúl Alfonso Severini Caballero, de 53 años de edad, fue uno de los líderes más conocidos del paramilitarismo durante muchos años en la Costa Caribe. Un hombre que fue señalado de varios asesinatos y desplazamientos. En 2006, fue capturado con todo un amplio inventario de armas y equipos en zona rural del municipio de Pivijay, Magdalena.
Su caso en la justicia terminó precluyendo y hoy, desde la clandestinidad, le envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que, básicamente, pide “pista” en la idea de paz total impulsada por el Gobierno y en la que ya otros protagonistas del conflicto han solicitado entrada y la posibilidad de “cantar” muchas verdades.
Severini Caballero era un hombre cercano al exjefe paramilitar Jorge 40 y en su momento lo requirió la Fiscalía Sexta Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, específicamente por el delito de homicidio agravado y concierto para delinquir. De igual manera, la Fiscalía 29 Seccional de Plato lo requirió por desplazamiento forzado.
“Con marcada autoexigencia y con la enseñanza que me ha indicado el destino tras 14 años de forzada clandestinidad, procedo a describirle detalladamente el propósito de esta misiva; jurando ante Dios y ante la Patria que diré la verdad y solamente la verdad para tranquilidad absoluta de quien ha entendido con todo rigor que ha llegado el momento de sumar decidida y genuinamente a la construcción de una Paz Total”, así empieza la misiva el ganadero y hombre que conoce de cerca el funcionamiento de los grupos paramilitares.
En la carta, Severini advierte que el propósito puntual de la carta es la “búsqueda integral de la acción de la justicia que me permita cumplir un debido proceso que se traduzca en la imperiosa aplicación de la verdad, que responda a procesos de reparación marcados profundamente por las convicciones que demanden la no repetición de conductas atentatorias del marco legal”.
Acto seguido, elogia al primer mandatario, Gustavo Petro, diciéndole que su triunfo, en las elecciones presidenciales, es la “respuesta de las mayorías frente a las tradiciones y costumbres políticas que nos acercaron a la ausencia del Estado y que nos orillaron cobardemente a la esterilidad de algunos gobiernos que olvidaron el sagrado deber constitucional de proteger a quienes por circunstancias consignadas en la historia, vivimos diferencias conflictivas sin ese concurso”.
Y en la mitad de la carta, hace la solicitud de frente: “Esta es una presentación pública, abierta y sincera, ante usted como Jefe de Estado para aceptar un sometimiento justo, inspirado y subordinado por el debido proceso y para cumplir con el firme propósito de construir un capítulo en la Paz Total donde se privilegie el diálogo y a las víctimas como centro de las últimas tipologías de conflictos que ha vivido la patria. Una vez más, reclamo el imperio de la Constitución y de la Ley para la atención absoluta de todas las partes en conflicto contenidas en mi caso”.
La noticia se conoce pocos días después de que el presidente de la República, Gustavo Petro, sancionara la Ley de Paz Total, la cual le da las facultades necesarias a su gobierno del Pacto Histórico para que negocie con el exjefe de la extinta guerrilla de las Farc y ahora comandante de las disidencias de la Segunda Marquetalia, Iván Márquez, entre otros criminales.
El mandatario colombiano firmó la ley en la hacienda Hato Grande, en el marco de la Asamblea General de Gobierno, en la cual revisó a profundidad los temas que se deben priorizar de cara al cumplimiento de los primeros 100 días de gobierno del Pacto Histórico.
Explica Severini, en la carta en poder de SEMANA, que el sometimiento que describe, y que imperiosamente explicará ante la justicia, “es un anuncio sin prevenciones que contiene decisiones promotoras de una participación pacífica, plena de garantías en la que todos avancemos, por y ante la verdad. Es también una reclamación integral de justicia”.
Concluye señalando que tiene el “firme propósito de comparecer a la mayor brevedad, ante cualquier estrado justo, garante de la expresión de los Derechos Humanos en el marco de lo consabido en nuestra Carta Magna”.