No solo es el narcotráfico. En Colombia también se han disparado los secuestros, los asesinatos, los ataques a las misiones médicas, los desplazamientos forzados, los ataques a la Fuerza Pública y han crecido las comunidades que tienen que vivir confinadas.
Estadísticas como las de Asocapitales, que agrupa a las principales ciudades del país, así lo reflejan: van 10.220 homicidios, 31 ataques a misiones médicas, 84.582 personas desplazadas por la violencia, 155 ataques a infraestructura, 132 a la fuerza pública, un crecimiento del 67 % de integrantes de grupos armados ilegales, aparición de nuevas estructuras armadas y 119.205 personas confinadas.
Esto hace que los retos para la nueva cúpula militar nombrada por el presidente, Gustavo Petro, no sean pocos en la lucha contra el narcotráfico y para fortalecer la seguridad de los colombianos.
Sin embargo, hay algo que preocupa aún más: las próximas elecciones, pese a que en algunos sectores ha caído bien el nuevo nombramiento.
“El caso del general Hugo Alejandro López Barreto es muy bueno. Es un gran oficial y es crítico del presidente Petro”, dijo una fuente consultada por SEMANA.
El temor para algunos expertos es el poco margen de maniobra que pueda tener este alto mando. “Se trata de un cambio prematuro cuando se está a pocos meses para cambiar de Gobierno; los cambios continuos de las cúpulas de fuerzas militares y de policía generan mayores retos, es un proyecto a mediano plazo”, dijo en diálogo con SEMANA Andrés Santamaría, director de Asocapitales.
La preocupación va en línea con la advertencia de la Defensoría del Pueblo, que en su reciente alerta temprana para el proceso electoral, emitida en septiembre, recordó el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el homicidio del candidato a Consejo de Juventudes Yeimar Gamboa Yepes en Chigorodó (Antioquia), el atentado contra un candidato del partido Comunes al Consejo de Juventudes de Cali, el secuestro de un candidato al Consejo Municipal de Juventud, en la vía que comunica a Miranda, entre otros graves hechos contra la democracia.
“La seguridad es un reto para los alcaldes; la mayoría de las ciudades capitales han incrementado en 30 % su presupuesto en seguridad, pero cada vez los retos son más grandes, el contexto hace que combatir grupos estructurales irregulares sea mucho más fuerte”, añadió el director de Asocapitales.
Por ejemplo, en Cali, llevan varios actos terroristas y, cuando un alcalde no tiene control y competencia frente a sus grupos irregulares, se espera una mayor decisión policiva y militar”, agregó.
Por su parte, el mayor retirado Jorge Castillo, experto en inteligencia militar, se sumó a los cuestionamientos que desde diferentes sectores han hecho tras considerar que realmente lo que el gobierno ha hecho es debilitar la inteligencia militar.
“Lo que podríamos entender es que tienen la capacidad, pero el gran interrogante es si lograrán hacer algo, porque no tienen capacidad en la inteligencia militar, no pueden controlar el territorio, en algunos sectores están vedados porque están en diálogos con el ELN y las disidencias de las FARC”, dijo.
Además, el experto señaló que podría haber una estrategia para mostrar cambios reales mediante el nombramiento de oficiales leales, pero sin capacidad de maniobra. “Lo que está en riesgo es la capacidad electoral o que haya una democracia libre; lo que está en riesgo realmente son las elecciones”.
Para Castillo, al ver cómo los grupos armados ilegales tienen presencia en el 70 % del territorio colombiano, se puede pensar que su influencia en las elecciones puede ser alta.
“Pueden fácilmente cambiar tarjetones, en la movilización de vereda a vereda pueden cambiar las cajas donde vienen los formularios E-14, y hasta en Bogotá también posiblemente podrían quemar mesas de votación con la primera línea”, añadió.
“Los nuevos mandos tienen el entrenamiento, capacidad, tropas, pero hemos visto en los últimos tres años la politización de las Fuerzas Militares, es decir, que van acomodando a los generales y comandantes de batallones estratégicos con fichas de ellos manejados al parecer desde el exterior, con un general desde Estados Unidos”, expresó.
El problema se acentúa sobre las sostenidas negociaciones de la paz total con bandas en diferentes puntos en Colombia. Para varios de los expertos consultados, la interferencia de las bandas criminales como la Oficina, en Medellín, el Clan del Golfo, las disidencias de Calarcá, los Comandos de la Frontera, entre otros, puede ser amplia.
“En Medellín van a ordenar sacar buses llenos de gente desde las comunas para votar por el que diga Petro, como lo hicieron el día del Tarimazo para llenar la plazoleta de la Alpujarra”, dijo una fuente.
Pese a estos cuestionamientos, expertos como Erich Saumeth consideran que los nombramientos han caído bien en altos oficiales de la reserva. “En el círculo de los generales y almirantes en uso de buen retiro, estos nombramientos han caído bien; se le entrega el comando general nuevamente al Ejército; pienso que la razón de eso es para que pueda haber una mejor coordinación entre el comando general de las Fuerzas Militares y el Ejército en vista de las operaciones que tienen que comenzar a desplegar en diferentes zonas del país”, dijo.
Aunque aseguró que operacionalmente los militares podrían estar atados de manos para frenar la influencia de los criminales en las próximas elecciones.
“Los señores comandantes del Ejército han sido reiterativos en que el poder adquisitivo de estas organizaciones a través de actividades de narcotráfico son considerables, y eso se traduce en que puedan adquirir información infiltrando informaciones, instituciones, y esos recursos les permiten movilizar población civil”, explicó.
Esto para ejecutar asonadas, de las cuales se contabilizan cerca de 43 en el último año, algunas para evitar capturas de peligrosos jefes criminales.
“El tema es que no hay una directriz que le permita a la Fuerza Pública actuar de manera libre. Si capturan a los promotores de las asonadas, resulta que son gestores de paz o las órdenes de captura están suspendidas. Creería que operacionalmente la Fuerza Pública no tiene la misma capacidad de hace años”, explicó.