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Los bienes ocupados se encuentran en los municipios de Armenia y Montenegro, en el departamento de Quindío.
Los bienes ocupados se encuentran en los municipios de Armenia y Montenegro, en el departamento de Quindío. - Foto: Fiscalía

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Extinción de dominio a inmuebles que habrían sido usados para explotación sexual de menores en Quindío

Los inmuebles están avaluados por $ 9.000 millones.

La Fiscalía General de la Nación ocupó cinco inmuebles en el departamento de Quindío, con fines de extinción de dominio, que habrían sido utilizados por una red delicitiva para la explotación sexual de menores de edad.

Dichas propiedades corresponderían a moteles y otro tipo de bienes ubicados en inmediaciones de los municipios de Armenia y Montenegro, “en los que, al parecer, se ejercieron las actividades ilegales con adolescentes”, según señaló el ente investigador.

“La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre cuatro inmuebles rurales y un establecimiento de comercio, cuyo avalúo supera los $ 9.000 millones”, dijo la Fiscalía.

Los inmuebles están ubicados en Armenia y Montenegro.
Los inmuebles están ubicados en Armenia y Montenegro. - Foto: Fiscalía General de la Nación

Las personas involucradas en los hechos son Nubiola de Jesús Valencia Mejía y Andrés Cadavid Montaño Hernández, quienes vienen siendo investigados por delitos de demanda sexual con menores de 18 años, proxenetismo y concierto para delinquir. La Fiscalía señaló que los inmuebles afectados quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.

Semanas atrás, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General ocupó con fines de extinción de dominio otros tres inmuebles y seis establecimientos de comercio ubicados en Yopal (Casanare), que habrían sido utilizados o adquiridos por una red de trata de personas.

Los bienes, cuyo valor supera los $ 300 millones, fueron ocupados en diligencias realizadas de manera articulada por la Fiscalía y la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (Dipro). Las investigaciones permitieron conocer que las propiedades harían parte del patrimonio de Isabelina Fonseca Rosas, alias Rosas, presunta cabecilla de la estructura criminal.

Esta mujer, junto a sus hijos y otros conocidos, supuestamente reclutaba jóvenes y menores de edad en los pasos fronterizos con Venezuela, las convencían de aceptar trabajos como meseras en Yopal y, posteriormente, las obligaban a ejercer actividades de tipo sexual en medio de posibles amenazas y chantajes.

Por estos hechos, alias Rosas y otras nueve personas fueron capturadas y judicializadas en diciembre de 2020, en un proceso adelantado por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía.

De frente contra el turismo sexual

En julio pasado, en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, el presidente Iván Duque pidió que se impartan sanciones más drásticas en contra de los fenómenos criminales que rodean esa actividad ilegal en Colombia.

El mandatario le dio instrucciones al director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, para que avance en una colaboración con la Fiscalía para afectar con extinción de dominio los inmuebles detectados en esa práctica criminal, como una de las estrategias de lucha contra las estructuras que están detrás del turismo sexual y así golpear sus finanzas.

“Hoy quiero ser claro y quiero reiterar la instrucción que le he dado a usted general Jorge Vargas (director de la Policía Nacional): con usted y con la Fiscalía, propiedad que se preste para esos delitos de turismo sexual, se le aplicará la extinción de dominio”, sostuvo Duque.

Y agregó: “No vamos a permitir un solo inmueble en Colombia que se preste para ese tipo de abusos y quedan notificados los proxenetas y quedan notificados los que pretenden hacer ese uso”.

Duque aprovechó ese espacio para hacer una reflexión sobre los dueños de los inmuebles y las personas que se encargan del manejo de los bienes por medio de arrendamientos.

“También es un llamado a la responsabilidad de los dueños. Cuando aparecen arrendatarios que propician ese tipo de prácticas, los dueños deben tener toda la trazabilidad, toda la información. No deben mirar a otro lado cuando aparecen personas que empiezan a utilizar esos bienes con oscuros propósitos”, recalcó.