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Sergio Fajardo y Mauricio Pava
Mauricio Pava, defensa de Sergio Fajardo, señaló que este siente tranquilidad y que esta era una decisión que esperaban. - Foto: Archivo particular.

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Fallo exprés de la Contraloría parecería un chiste, de no ser un tema tan serio: defensa de Sergio Fajardo en caso Hidroituango

El abogado internacionalista de Sergio Fajardo manifestó que no entiende cómo en tan pocos días la Contraloría revisó supuestamente 26 apelaciones y 5.300 páginas. Sin embargo, indica que se sienten seguros de que el Consejo de Estado revise el caso.

Mauricio Pava, apoderado del exgobernador Sergio Fajardo en el caso de Hidroituango en los procesos que lleva ante entidades internacionales, dijo en conversación con SEMANA que ahora sí “están complacidos de que jueces reales revisen la legalidad de lo que hizo la Contraloría”, refiriéndose a que el fallo emitido por el ente fiscalizador aún no tiene efectos jurídicos hasta que el Consejo de Estado revise la legalidad del fallo y la actuación. Calcula que este nuevo tramite se tomará su tiempo, pudiendo tardarse aproximadamente siete meses.

De la misma manera, manifestó que la defensa de Fajardo siente tranquilidad, también señala que era una decisión que esperaban, debido a que según él la Contraloría lo había anticipado desde antes de iniciar las investigaciones.

Vea la entrevista completa:

“Lo que me parece un poco desconcertante es que las realidades son importantes pero las apariencias también, ¿cómo confiar en la actuación de la Contraloría y su respeto a la ley? Si desde septiembre apenas emitió el fallo que suspendía la actuación, la que reinició el 23 de noviembre y en dos días revisó supuestamente 26 apelaciones y 5.300 páginas. Si no fuera algo tan serio para el país y para las personas involucradas, sería como un chiste”, manifestó

Finalmente, advirtió que cuando el poder opera así, las democracias mueren, y agregó que “por fortuna en Colombia las instituciones judiciales que van a entrar a revisar la legalidad han permitido que conservemos la democracia”.

Indicó que hasta el momento no ha tenido contactó con el exgobernador, pues está revisando las 2.000 páginas del fallo y de manera sarcástica dijo que no cuenta con la misma agilidad de la Contraloría para hacerlo. Manifestó que hay varias acciones en curso, entre ellas, unas presentadas ante la ONU, otras frente a la oficina de independencia judicial y demás que se adelantan.

Cabe recordar que según Pava, la Contraloría no tuvo en cuenta las pruebas aportadas por la defensa de Fajardo. Asegurando que han solicitado en diferentes oportunidades que tengan en cuenta la versión de la junta de asesores frente al acompañamiento sobre la decisión del tercer túnel. “Dicen que la junta no acompañó, pero eso es contraevidente con los documentos mismos”, explica para argumentar que lo más sensato sea que la junta de asesores hable, pero denuncia que “en la Contraloría no han querido oírlos”.

Otro de los puntos que, según Pava, generó dudas dentro del proceso es el hecho de que hace 20 días se conoció un informe. “Estaba engavetado y el equipo de la defensa lo conoció. Ese informe dice que es necesario investigar irregularidades que se presentaron en la investigación de Fajardo. Todo se supo por una tutela del Consejo de Estado”, dice que el documento señala que lo sucedido con Hidroituango fue un siniestro que debería ser pagado por las aseguradoras.

Es de resaltar que la Contraloría General ratificó el fallo, en segunda instancia, a título de “culpa grave”. Es decir, confirma la decisión que había tomado en septiembre de este año, cuando vinculó a 26 funcionarios y contratistas.

Para el organismo de control, en los hechos ocurridos alrededor del proyecto Hidroituango hay un daño patrimonial contra el Estado, debido a los sobrecostos y la falta de generación de energía por los tropiezos en los avances del cronograma de terminación de la hidroeléctrica, debido a la declaratoria de contingencia en 2018.

Confirman cuantía del daño

Según el auto emitido por la Contraloría General, hay una confirmación del efecto del daño causado, por lo cual, establece las cifras que tendrán que pagarse por: “destrucción del valor de la inversión por mayores valores injustificados: $ 3,1 billones. Lucro cesante: $ 1,1 billones”. Es decir, la cifra total queda en $ 4,3 billones.

¿Qué dice el alcalde Quintero?

Uno de los primeros en reaccionar luego de conocerse la ratificación del fallo fue el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien dijo que garantizará la continuidad de la obra.