Falsos positivos: JEP citó a general en retiro del Ejército salpicado por Otoniel

El general en retiro Miguel Pérez Guarnizo, quien fungió como comandante de la Novena Brigada del Ejército con sede en Neiva y director de la Defensa Civil, fue citado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que declare en el caso que se adelanta por los denominados falsos positivos en esa región del país. El oficial en retiro fue mencionado varias veces por el exjefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, en las declaraciones que rindió en abril pasado.

El general Pérez Guarnizo fue señalado por haber tenido conocimiento de las ejecuciones extrajudiciales que se registraron en el departamento para mostrar resultados operacionales con el fin de recibir distinciones y premios de sus superiores en la lucha contra la subversión. Precisamente, siendo comandante de Batallón Pantano de Vargas en el Meta, habría armado una alianza con grupos paramilitares con el fin de ubicar supuestos subversivos que eran retenidos y asesinados para ser presentados como guerrilleros abatidos en combate.

En ese momento delinquía en los Llanos Orientales el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de los cuales Otoniel formaba parte. Igualmente, el general Pérez Guarnizo fue señalado por el mayor en retiro Juan Carlos Rodríguez, conocido con el alias de Zeus -condenado por vínculos con paramilitares y homicidio- y otros exintegrantes de ese Bloque de las AUC de haber tenido fuertes nexos y alianzas.

La Sala de Reconocimiento de la JEP citó la declaración del general para el día 7 de julio de manera presencial. El pasado mes de abril, la misma Sala formalizó la compulsa de copias para investigar la veracidad de la declaración de Otoniel, en la cual mencionó a 63 personas que habrían tenido nexos con el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el Clan del Golfo.

El exjefe de la banda criminal declaró en el subcaso por los falsos positivos que se registraron en el departamento del Meta. Sin embargo, en la que es considerada su última declaración ante la justicia colombiana, Otoniel reveló la identidad de varias personas que habrían tenido nexos con paramilitares y el Clan del Golfo, así como el apoyo brindado.

En esta lista, Otoniel mencionó a varios ministros, alcaldes, gobernadores, funcionarios y empresarios. En la extensa lista se encuentra el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez; el exministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega (ya condenado por la yidispolítica); el exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Jorge Aurelio Noguera Cortes (condenado por nexos con paramilitares y las chuzadas), y el exgobernador del Meta, Alan Jara Urzola.

La JEP compulsó copias ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General y la Procuraduría General para que, según sus competencias, adelante las respectivas investigaciones “respecto de las personas relacionadas”.

Para esto, la Sala de Reconocimiento de la Verdad remitió “bajo reserva copia integra” el testimonio de Úsuga David. “Solicitar a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación que, en plazo de un mes contado a partir de la notificación de esta decisión, informe la dependencia y el funcionario al que le fue asignada la indagación con ocasión a la presente compulsa de copias y su estado”.

Teniendo en cuenta la existencia de varios expedientes en la JEP, se le remitió a la Sala de Reconocimiento la declaración que hizo Otoniel en contra de los generales en retiro Mario Montoya Uribe, Rito Alejo del Río y Leonardo Barrera Gordillo, en los casos que hacen referencia a las ejecuciones extrajudiciales, la situación de violencia en el Urabá y el exterminio del partido político de la Unión Patriótica (UP).

Igualmente, se le puso en conocimiento del director de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas, y el fiscal general, Francisco Barbosa, frente a lo mencionado por Otoniel el pasado 20 de abril sobre “el presunto pago actual de la organización criminal Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo a miembros de la fuerza pública”.