El Fiscal General Francisco Barbosa propuso establecer un parámetro para terminar rápidamente los procesos en la Fiscalía y presentar acusaciones en corto tiempo. Según aseguró, el debate probatorio se daría ante los jueces de conocimiento y se superarían años de dilaciones.

Barbosa hizo este planteamiento durante un encuentro de Comisión Nacional de Disciplina Judicial “Principios Éticos, Derechos Humanos y Jurisdicción Disciplinaria”, escenario donde habló de la necesidad de buscar salidas para combatir impunidad en trámites judiciales y “cerrarle camino a la prescripción”. En ese sentido, indicó que se planteará formalmente este debate ante el Congreso de la República.

En relación con la articulación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el Fiscal Barbosa afirmó que se está trabajando en varios frentes para fortalecer la acción disciplinaria y la lucha contra la corrupción.

También indicó que se establecerán mesas de trabajo permanentes con la Comisión para lograr mecanismos efectivos de intercambio de información en materia disciplinaria, así como el traslado de material de prueba y evidencia física en procesos penales, cuando se requiera.

Barbosa destacó que será uno de los abanderados en que se le otorguen más instrumentos, presupuesto y herramientas a la Comisión. “La Comisión tiene que convertirse verdaderamente en una institución muy fortalecida para poder lograr resultados de transparencia en el marco de los hierros que se presentan en el marco de la acción judicial”, destacó.

Por último, el Fiscal General señaló que combatir la corrupción y administrar de mejor modo la justicia requieren de la labor conjunta de toda la Rama Judicial.

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Proyecto de Ley anticorrupción

El miércoles 24 de noviembre, en penúltimo debate, fue aprobado en Comisión Primera de la Cámara de Representantes el proyecto de Ley anticorrupción, el cual promete fortalecer los mecanismos de transparencia, prevención y lucha contra este tipo de delitos. La decisión unánime respaldó el proyecto impulsado por el presidente Iván Duque, junto a la Comisión Nacional de Moralización y otras 25 entidades del Estado.

Los más importantes atributos del mismo radican en evitar que la corrupción ocurra, reforzar la articulación entre las autoridades, recuperar los daños causados por delitos relacionados y recobrar la confianza de la ciudadanía. Los siguientes son los detalles más destacados de la iniciativa, la cual se encuentra al borde de ser aprobada y gana amplios apoyos en el Legislativo.

En primer lugar, el proyecto de ley tiene en cuenta las repercusiones que deben enfrentar aquellos que reportan actividad irregular de funcionarios, empresas o particulares. Estas personas tendrán garantías en el ámbito laboral, contarán con protección física otorgada por el Estado y mantendrán en reserva su identidad.

Esto ocurrirá también si la persona labora en el sector privado, caso para el cual el Ministerio del Trabajo deberá intervenir para verificar que se están cumpliendo las disposiciones pertinentes. En caso de no hacerlo, los empleadores podrían ser objeto de multas de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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Aparte de las repercusiones particulares, personas jurídicas que se beneficien de la comisión de delitos también se verán vinculadas como terceros civilmente responsables en las investigaciones. Las sanciones administrativas alcanzarían hasta los 200.000 salarios mínimos, a lo que se suma el monto del que se benefició en medio del ilícito.

Según el proyecto, deberán hacer público el acto que cometieron y no podrán acceder a incentivos o subsidios del Gobierno en un plazo de diez años. Igualmente, se podrá cancelar a la persona jurídica y, en otros casos, se removerán todos los cargos implicados en la situación. Para la prevención, las compañías deberán impartir charlas y talleres de ética y demás valores que eviten que este tipo de situaciones ocurran.