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Fiscalía imputa a Nelson Mariño, exgobernador de Casanare, por supuestas irregularidades relacionadas con un contrato de 2012

Pese al material aportado por el ente investigador, el exmandatario se declaró inocente.

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27 de febrero de 2026 a las 11:55 a. m.
Nelson Ricardo Mariño Velandia, exgobernador de Casanare.
Nelson Ricardo Mariño Velandia, exgobernador de Casanare. Foto: API

El exgobernador de Casanare, Nelson Ricardo Mariño Velandia, fue imputado por la Fiscalía por presuntas irregularidades que habría cometido en un contrato relacionado con el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en un convenio suscrito en 2012 entre la Gobernación y una caja de compensación del departamento con el objeto de garantizar el servicio de restaurante escolar para 62.825 estudiantes de 10 municipios.

El caso fue estudiado por la justicia mexicano.
El hoy procesado no aceptó los cargos que le fueron imputados. Foto: Getty Images

El contrato ascendió a 18.294 millones de pesos y, según la Fiscalía, fue entregado de manera directa mediante una figura conocida como acuerdo de asociación, pero teniendo en cuenta la normatividad vigente para ese momento, este tenía que gestionarse en proceso de licitación pública para garantizar la participación de otros oferentes.

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Al parecer, este convenio fue direccionado para beneficiar a la caja de compensación, pese a que la misma no contaba con la capacidad técnica, operativa y financiera para atender las necesidades alimentarias de los niños.

“En consecuencia, la entidad terminó por tercerizar la responsabilidad adquirida, a través de un contrato suscrito con una unión temporal por un valor superior a los 16.694 millones de pesos, que aumento el costo de las raciones”, indicó el ente.

Sede Bunker Fiscalía Bogotá
El contrato ascendió a 18.294 millones de pesos y, según la Fiscalía (cuya sede principal está en Bogotá), fue entregado de manera directa mediante una figura conocida como acuerdo de asociación. Foto: Fiscalía

De acuerdo con la Fiscalía, el material probatorio dejaría en evidencia que hubo una indebida disposición de recursos públicos asignados al PAE, lo cual se materializó en el reconocimiento y pago de rubros de legalización, contribuciones, pólizas, entre otros conceptos.

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La cuantía de estas actuaciones ascendió a 794 millones de pesos, los cuales fueron girados a favor de la caja de compensación.

Debido a esto, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exgobernador Mariño Velandia por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.

Pese a las pruebas, el hoy procesado no aceptó los cargos, por lo que resta esperar cómo avanza el proceso en su contra.