La Fiscalía General de la Nación imputó al director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, Diego Andrés Moreno, por firmar varias prórrogas y adiciones de un contrato vencido. El contrato tenía como finalidad garantizar las pólizas de seguros para amparar infraestructura, personal y bienes a adquirir por la entidad.
En la investigación se constató que el 22 de mayo de 2020, 50 días después de terminado el plazo, se realizó una prórroga por tres meses. Además se conoció que en junio de 2020 se realizaron más cambios al contrato, por lo que se terminó ampliando hasta el 24 de septiembre de 2020.
En la imputación de cargos, la entidad señaló que dichos actos no fueron registrados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). Con respecto a los hechos, el imputado no aceptó los cargos.
Por otro lado, Moreno, a través de un comunicado, informó las decisiones administrativas que se tomaron para la prórroga del contrato y señaló que era un respetuoso de los organismos judiciales.
En la investigación se constató que 50 días después de terminar el plazo de ejecución, se hizo una modificación y se prorrogó por tres meses. Este contrato tenía por objeto garantizar pólizas de seguros para amparar la infraestructura, personal y bienes a adquirir por la entidad. pic.twitter.com/KJbIElkePG
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 2, 2021
”Como director de la entidad soy respetuoso de las decisiones de los organismos judiciales y de control. He actuado conforme a la ley de contratación vigente y sigo atento a dar las explicaciones que se requieran”, aseveró.
Moreno mencionó que todas las decisiones tomadas con respecto a la prórroga del contrato se tomaron respetando la ley. “Todas las decisiones administrativas que se tomaron para la prórroga del contrato de seguros, que nos ha permitido salvaguardar a los bomberos oficiales de Bogotá y a todos sus bienes, se han tomado de acuerdo con la ley”.
Por último, Moreno señaló: “El contrato de seguros fue revisado por la Contraloría Distrital de Bogotá, que el 3 de marzo de 2021: “procedió al archivo de la indagación preliminar No.18000-07-20, orientada a determinar presuntas irregularidades en el contrato 237 de 2019 suscrito entre la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial (Bomberos) y la Previsora S.A. Compañía de Seguros”.
Respecto a la información, compartimos con ustedes el siguiente comunicado de prensa. Gracias. pic.twitter.com/NarBHjeZrY
— Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) October 3, 2021
La Fiscalía avanza en la lucha contra la violencia
El pasado viernes 1 de octubre La Fiscalía judicializó a tres hombres señalados de pertenecer al grupo armado EPL-Pelusos, el cual está detrás de atentar contra defensores de derechos humanos en Norte de Santander. Se trata de Augusto Muñoz Niño, alias Carlitos la Avioneta; Aldair González Serrano, alias Daniel o Mascotica, y Elquin Leonardo Álvarez Guillín, alias el Enfermero.
De acuerdo con las labores investigativas desarrolladas por la entidad, los judicializados cumplían con importantes roles dentro de la organización. Alias Carlitos la Avioneta sería el cabecilla del Frente Libardo Mora Toro. Daniel fungía como supuesto explosivista y el Enfermero presuntamente prestaba sus servicios como médico al grupo ilegal.
“Los hombres fueron capturados mediante orden judicial el pasado 22 de septiembre por funcionarios del CTI adscritos a la Unidad Especial de Investigación (UEI), en conjunto con uniformados del Ejército Nacional, durante diligencias simultáneas de allanamiento en Cúcuta y Ocaña (Norte de Santander), así como en Floridablanca (Santander)”, señala en el comunicado oficial la Fiscalía.
Así las cosas, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación imputó a los delincuentes por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto par delinquir agravado con fines de homicidio y desplazamiento forzado. No obstante, solo González Serrano aceptó los cargos.
Las investigaciones adelantadas se realizaron con el fin de esclarecer el homicidio del líder social Miguel Ángel Bautista el 19 de mayo de 2018, en la vereda La Primavera del municipio de Tibú (Norte de Santander).
También por los desplazamientos forzados del vicepresidente y de otro miembro de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la misma vereda, con sus respectivos núcleos familiares.