General (r) Rodolfo Palomino radicó acción de tutela para recuperar su libertad

Pocas horas después de conocer el fallo que lo condenó a siete años de prisión por el delito de tráfico de influencias, la defensa del exdirector de la Policía Nacional, el general (r) Rodolfo Bautista Palomino López, radicó una acción de tutela con la que busca que se le otorgue la libertad mientras se emite un fallo de segunda instancia.

La defensa del oficial en retiro, el abogado Isnardo Gómez, reclamó la protección de sus derechos procesales, que consideró afectados con la medida de aseguramiento privativa de la libertad emitida por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, y que se materializó el pasado 24 de noviembre.

“Presento ante la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia acción de tutela con solicitud de medidas provisionales, contra la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Esto por la grave violación al derecho fundamental del debido proceso, al afectar los principios de seguridad y legalidad jurídicas, el de presunción de inocencia, al de la libertad y otros derechos humanos”, indica la tutela.

En este sentido consideró que la medida de aseguramiento emitida, poco tiempo después de que se emitiera el sentido del fallo, no tuvo en cuenta el hecho de que el exdirector de la Policía Nacional estuvo presente en toda la etapa de juicio, mostrando arraigo y respeto por la administración de justicia.

El general en retiro, en la audiencia que se celebró en la tarde del pasado jueves 4 de diciembre, anunció que iba a presentar recurso de apelación.

Los detalles de la condena

En el fallo, se determinó que el entonces director de la Policía Nacional ejerció presiones indebidas ante una fiscal para detener una decisión que ya había tomado y que tenía relación con la solicitud de captura en contra de varios integrantes del Fondo Ganadero de Córdoba en medio de una indagación por despojo de tierras.

Sin justificación alguna, el general llegó hasta la casa de la fiscal Sonia Lucero Velásquez para pedirle que evaluara su petición, principalmente la que tenía relación con la detención del empresario y exdirectivo del Fondo Ganadero de Córdoba, Luis Gonzalo Gallo, quien era investigado por un caso de despojo de tierras en el Urabá antioqueño.

“Optó por abogar en favor de un particular sin importarle que con su comportamiento podría generar impunidad, pues el procesado estaba siendo investigado por delitos graves como concierto para delinquir por promover grupos paramilitares y desplazamiento forzado al despojar a familias campesinas de sus tierras, crimen de lesa humanidad”, indica el fallo de primera instancia.

La Sala concluyó que las actuaciones del general Palomino tuvieron un impacto en la sociedad y en los integrantes de la Policía Nacional, “quienes esperan que su máximo jerarca obre con decoro, pulcritud y transparencia, pues lo que debió fue colaborar con la funcionaria judicial y no ponerse al margen de la Constitución y de la ley en beneficio de intereses mezquinos, para tratar de impedir que la aprehensión se cumpliera”.

Además, se consideró que al abogar por los intereses de un particular, vulneró de manera grave el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, garantía reconocida a todas las personas que impone al Estado y sus autoridades el deber de otorgarles el mismo trato y protección sin discriminación alguna, situación que denota la magnitud de su comportamiento abiertamente contrario a sus deberes oficiales.