Gobernador de Norte de Santander sigue enredado por presuntas irregularidades en contrato por $2.838 millones. Piden nuevas pruebas

El actual gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, sigue en el ojo de la Procuraduría General de la Nación, que decidió pedir nuevas pruebas y prorrogar por tres meses la investigación en su contra.

La indagación nació por la presunta responsabilidad del gobernador en irregularidades para la ejecución de un proyecto agrícola de producción de cacao, financiado con recursos de regalías por cerca de $ 2.838 millones entre 2016 y 2019, en su segundo período como mandatario departamental.

La medida anunciada por el Ministerio Público también cobija a la secretaria general de la Gobernación de Norte de Santander, Sonia Arango Medina; al secretario económico en el período investigado, Leonel Rodríguez, así como al supervisor del contrato, Ómar Villamizar Luciani.

Entre las presuntas irregularidades se encuentra no haber indicado en los informes de interventoría deficiencias en el suministro de agua para el mantenimiento de los cultivos. Además, que el 55,6 % de los beneficiados visitados por el Departamento Nacional de Planeación no cuentan con conexión a distritos de riego, clave para beneficiarse del proyecto.

También se estudian presuntas fallas por la falta de instalación de sistemas de riego por goteo intrapredial en los municipios de Teorama y Hacarí, y otras de tipo administrativo como no haber publicado los documentos contractuales y otros datos de obligatorio cumplimiento en los aplicativos estatales Secop, Gesproy - SGR y Cuentas SGR.

Entre las nuevas pruebas solicitadas por el Ministerio Público se encuentran los testimonios de dos exrectores y otros colaboradores de la Universidad de Pamplona, relacionados con la ejecución, copias de liquidación de los contratos de obra e interventoría.

También se piden los listados de agricultores que han recibido los beneficios del proyecto, aquellos que por diferentes razones no han accedido y un informe sobre el estado actual del proyecto.

Procuraduría le puso la lupa a la resolución del Gobierno Petro que permite la pesca incidental de tiburones

En otra decisión anunciada este sábado, 2 de marzo, el Ministerio Público entregó varias observaciones al Gobierno nacional, frente a la resolución que incluye nuevamente como recurso pesquero a 15 especies de tiburones y rayas marinas en todo el territorio nacional.

Los puntos fueron expuestos por la delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, quien refirió sus comentarios y advertencias sobre la propuesta.

Estas son las observaciones:

• La resolución vulnera el principio de la no regresión en materia ambiental, es decir, es alarmante que el país retroceda en materia de protección y conservación de la biodiversidad, volviendo a permitir el aprovechamiento pesquero de unas especies que se encuentran en riesgo de desaparecer.
• La resolución se convierte en un incentivo perverso para propiciar, promover y permitir la pesca ilegal, ya que, al abrir la ventana para que estas 15 especies sean consideradas como recurso pesquero, susceptible de ser aprovechado, favorecerá el aumento en las capturas y la instrumentalización de los pescadores artesanales y ancestrales por parte de organizaciones criminales dedicadas a la exportación en el mercado negro por el elevado precio de sus productos y subproductos.
• Se considera que vulnera normas de carácter superior, es decir, desconoce el artículo 80 de la Constitución Política que señala que el “Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución”. También es incompatible con el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica de Río de Janeiro y con el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015.

• El acto administrativo genera incertidumbre frente a las medidas para su control y contención, ya que no prevé medidas para controlar, evitar y contener el transporte y movilización de estas especies amenazadas cuando se produzca su captura.
• Los efectos son desproporcionados frente a la finalidad que pretende, ya que, si la finalidad es garantizar la seguridad alimentaria de las poblaciones de pescadores artesanales y ancestrales, resulta desproporcionado poner en riesgo 15 especies amenazadas y en peligro de extinción para garantizar la seguridad alimentaria producida por la pesca incidental.
• No se puede argumentar que la expedición tenga como objetivo “proteger la salud de las poblaciones de dichos organismos”, toda vez que una medida de esta índole solo sería aplicable cuando haya superpoblación y sea necesario hacer control para evitar su colapso, lo cual no es el caso.