En medio de demandas, cuestionamientos y serias preocupaciones, la Procuraduría se sumó a las alertas detrás del decreto que expidió el Gobierno del presidente Gustavo Petro para ordenar a los Fondos de Pensiones Privados (AFP) que trasladen 25 billones de pesos a Colpensiones.
Desde el ente de control publicaron un trino en su cuenta oficial de X en el que manifestaron que las alertas emitidas sobre ese acto administrativo se dieron”antes de tiempo" del traslado de recursos de fondos de pensiones al régimen público.
La Procuraduría confirmó que desde el 11 de marzo de este año, le manifestaron al Gobierno las preocupaciones detrás del traslado de recursos de fondos de pensiones a Colpensiones, mucho antes de que se expidiera el decreto 0415 de 2026, en el que se dio la orden de hacer ese millonario transferencia de dinero.
La entidad liderada por Gregorio Eljach explicó que esos riesgos se basan en: “Limitación legal del Gobierno para reglamentar traslado de recursos pensionales. El traslado de los recursos solamente puede hacerse cuando se consolide el derecho pensional. Los recursos tienen protección reforzada y su movilidad debe priorizar el bienestar del usuario sobre la sostenibilidad del sistema. En casos excepcionales, el ahorro individual no se traslada de forma inmediata al régimen público”.
Esta nueva alerta llega después de que el Consejo de Estado admitió una demanda que busca dejar sin efectos ese acto administrativo. El ciudadano Jesús Hernando Baena fue el encargado de interponer ese recurso en contra del Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo.
De hecho, los fondos privados de pensión también demandaron ante ese alto tribunal y le pidieron que suspendiera dicha resolución, alegando que su ejecución podría afectar temas legales y perjudicar hasta quienes no se trasladaron de régimen.
Ese proceso provocó la reacción del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien manifestó en su cuenta de X: “Los fondos privados quieren mantener su control y usufructo de los ahorros de los 120 mil trabajadores que se trasladaron a Colpensiones, incluyendo a los 25 mil que ya reciben sus mesadas pensiónales del Fondo Público. Se liberan de los ahorradores, pero se quedan con su dinero”.
El decreto expedido por el Gobierno Petro aclaró que ese medida tiene como “objeto reglamentar la exigibilidad del traslado de los recursos”, pero para muchos sectores esa orden habría incurrido en varias inconsistencias que podrían dejar sin piso jurídico esa orden a los fondos de pensiones privados.