Grave denuncia del gobernador del Amazonas: el denominado “asentamiento Gustavo Petro” está frenando la construcción de un hospital en Leticia

La Gobernación del Amazonas, con el objetivo de impulsar proyectos de vital importancia para la región, compró un predio a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) ubicado en el casco urbano de Leticia, frente al aeropuerto. Este terreno, valuado en 5.200 millones de recursos de regalías, estaba destinado para la construcción de la nueva sede del hospital municipal y la Villa Olímpica.

Adquirido el predio, la Gobernación realizó un contrato interadministrativo con la empresa ADI Amazonas Desarrollo Inteligente, ejecutor de los proyectos, quien a su vez suscribió los contratos de consultoría para los estudios y diseños de los proyectos que se ejecutarían en el predio. Posteriormente, la empresa suscribió los contratos de obra para la construcción.

Sin embargo, a mediados del año 2022, el predio experimentó una invasión por parte de un grupo de personas que se autodenominaron “asentamiento Gustavo Petro”. La Gobernación del Amazonas y la Alcaldía de Leticia emprendieron acciones legales para restablecer la propiedad, obteniendo un fallo a favor por parte de la Inspección de Policía. A pesar de la resolución, el grupo apeló; sin embargo, en segunda instancia, se le volvió a dar la razón a la Gobernación y la Alcaldía, pero la ocupación ilegal persiste.

El conflicto ha llevado a una situación complicada, con más de la mitad del lote invadido, dos contratos de regalías en vigencia y sin posibilidad de ejecución debido a la obstrucción por parte de la comunidad, que incluso impide el acceso de la Policía, de acuerdo con la denuncia del gobernador del Amazonas, Galdino Cedeño.

El contrato para la construcción de la Villa Olímpica, avaluado en $ 34.000 millones, está en curso en la zona no invadida. No obstante, según la denuncia del gobernador del Galdino, “la Policía se niega a brindar acompañamiento bajo excusas infundadas”, afectando el desarrollo de la obra.

La Gobernación, como entidad encargada de hacer cumplir el fallo de la Inspección de Policía, se encuentra en una situación difícil, ya que la presunta instrucción es “esperar la orden” de la nueva administración, que encabezará Óscar Sánchez Guerrero, militante del Pacto Histórico, uno de los gobernadores electos invitados por el presidente Gustavo Petro a la Casa de Nariño en noviembre pasado. El gobernador Galdino asegura que es una “maniobra política”.

“Dicha comunidad impide el ingreso hasta de la Policía, institución de quien depende el cumplimiento del fallo de Policía y quien ‘presuntamente’ tiene la instrucción de permitir la diligencia hasta que la nueva administración no dé la orden; esto además del acompañamiento de la Procuraduría Regional quienes, por temas injustificables, no permiten siquiera un cierre parcial para frenar el despliegue de más personas”, asegura el gobernador Galdino.

En un intento por resolver la situación, se han llevado a cabo mesas de concertación y consejos de seguridad para socializar los proyectos y sus impactos. Sin embargo, estas iniciativas no han logrado el desalojo del predio ocupado ilegalmente. La necesidad de intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDEMO -antiguo ESMAD-) surgió, pero la llegada programada para el 28 de noviembre no se llevó a cabo.

“(...) Fueron coordinadas más de cuatro mesas de concertación con los involucrados con el propósito de socializar los proyectos y el impacto del mismo en la región, asimismo, se realizaron cinco consejos de seguridad cuya finalidad fue valorar los antecedentes del proyecto, no obstante, no se obtuvo el desalojo del predio. En efecto, en dichas mesas o reuniones se concluyó que era necesario solicitar la intervención del UNDEMO para realizar el desalojo, por lo tanto, surgió la necesidad de que la Gobernación suscribiera dos contratos con el propósito de garantizar la llegada del UNDEMO y su estadía la cual fue programada para el 28 de noviembre de esta anualidad sin que se llevara a cabo, en contrario censo, se tiene conocimiento de que más personas están llegando al punto de asentamiento ilegal”, dice el documento conocido por SEMANA en el que el gobernador Galdino denuncia los hechos, y el cual fue remitido a la Procuraduría General y la Fiscalía General.

Ante la falta de avances y el continuo aumento de personas en el asentamiento ilegal, se propuso el encerramiento parcial del predio, solicitando el acompañamiento policial para llevar a cabo la diligencia. Sin embargo, según el gobernador Galdino, la Policía se ha mostrado renuente, generando un estancamiento en el proceso y afectando la ejecución de proyectos esenciales para la región amazonense.

Ante esta situación, en la denuncia emitida al Ministerio Público y la Fiscalía General, la Gobernación saliente del Amazonas pide que “se ejerza función preventiva en el asunto de interés del ente territorial, puesto que existe un acto administrativo con presunción de legalidad que le ordena a la Policía Nacional adelantar las diligencias tendientes a la restitución del bien a su propietario: Gobernación de Amazonas”. De igual forma, solicita que “se ordenen las actuaciones disciplinarias respecto de las omisiones, extralimitaciones y/o abusos del poder”.

Son menos de diez días los que le quedan a Jesús Galdino al frente de la Gobernación del Amazonas, y esta “maniobra política”, le está impidiendo dejar dos grandes proyectos para los amazonenses.