Un escándalo de grandes proporciones acaba de destapar la Contraloría General de la República al hallar un aumento elevado en el número de contratos que se firmaron durante enero de 2026, antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías, la cual restringe esos acuerdos antes de las elecciones al Congreso y a la Presidencia de la República.
El ente de control confirmó que en el primer mes de ese año se firmaron más de 520.000 contratos directos por un total de 32 billones de pesos, de los cuales, 348.000 son por 17 billones de pesos que se concentran en el orden territorial y más de 14 billones de pesos en 164.000 contratos que salieron del orden nacional.
El aumento desproporcionado salió cuando la Contraloría comparó enero del año 2022, mismo periodo que tenía restricciones a la contratación directa por elecciones, y en los que se firmaron más de 495 mil contratos por 25 billones de pesos. Esas cifras, comparadas con las que dejó 2026, dejaron un aumento del 5 % en número de contratos y 30 % en valores.
Lo particular es que ese incremento de contratos, antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías, se dio en medio de la insistencia del Gobierno Petro de decretar una nueva emergencia económica para recaudar 8 billones de pesos que permitan atender las emergencias que han dejado las lluvias en la Costa Caribe.
La Contraloría confirmó en el informe: “Con relación al nivel de gobierno, el orden nacional reportó en enero de 2026 un total de 164.813 contratos suscritos bajo las diferentes modalidades de contratación directa, por un valor de $ 14,86 billones. Esto representa un incremento del 52,6 % en el número de contratos y del 68,2 % en el valor contratado”.
Las entidades del orden nacional que más destinaron recursos para adjudicar contratos de forma directa son el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) con 1,7 billones de pesos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) con 1,2 billones de pesos y la Unidad Administrativa Especial de la Aerocivil con 0,7 billones de pesos.
Las entidades territoriales que lideraron el ranking de ese incremento de contratos, antes de la restricción por elecciones, son el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, con 1,33 billones de pesos; el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, con 0,88 billones, y Santiago de Cali Distrito Especial, con 0,54 billones de pesos.
La Contraloría confluyó que la mayoría de esos contratos se dieron bajo la modalidad de prestación de servicios con un total de 501.000 convenios, lo que representa un 96 % del total de acuerdos.