Hallazgos fiscales por más de 28.708 millones, el explosivo informe de la Contraloría que revela posibles irregularidades en la SAE

Luego de llevar a cabo una auditoría de cumplimiento al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Contraloría General de la República identificó 82 hallazgos administrativos, 20 de los cuales están relacionados con incidencia fiscal, generando un presunto detrimento patrimonial estimado en $28.708 millones.

Esta auditoría se centró en evaluar las operaciones de 80 sociedades administradas por la SAE, ubicadas en diversos departamentos del país, tales como Norte de Santander, Valle del Cauca, Risaralda, Chocó, Atlántico, La Guajira, Antioquia, San Andrés Islas y Providencia, Córdoba y Cundinamarca. La revisión se llevó a cabo considerando el estado jurídico de estas entidades, clasificándolas como extintas, en proceso, activas o en liquidación.

Los procesos de enajenación, las denuncias y los procesos judiciales fueron minuciosamente examinados en busca de evidencias que respaldaran el cumplimiento de las normativas correspondientes para la adecuada administración de los activos.

Como resultado de estas investigaciones, el órgano de control detectó 67 posibles connotaciones disciplinarias, 7 casos con presunto carácter penal y 2 con otras incidencias. Todos estos hallazgos serán trasladados a las instancias competentes para su correspondiente trámite y análisis.

Ante ello, la Contraloría General emitió un concepto de “incumplimiento material adverso”, señalando el “incumplimiento de la normatividad relacionada con el análisis integral al proceso de administración, control y seguimiento para la administración de los bienes del Frisco, por parte de la SAE, específicamente de las sociedades de la muestra seleccionada, con corte a 30 de junio de 2023″.

De las visitas realizadas por el equipo auditor de la Contraloría delegada para el sector justicia y la evaluación general que se hizo según los diferentes estados jurídicos, el órgano de control evidenció varias situaciones que, en su concepto, “afectan la adecuada administración, seguimiento y control de las sociedades”. Entre ellas están:

• La asignación de depositarios no se realiza de manera oportuna.
• En los casos que se nombra al depositario, no se procede a la entrega física de las sociedades.
• Se observan sociedades con depositarios removidos por diferentes causas, evidenciándose casos de hasta 2 años, sin que se cumpla con un nuevo nombramiento.
• Se realizan pagos a depositarios, sin el cumplimiento de requisitos.
• Los términos y cronogramas de los procesos de liquidación de las sociedades se incumplen.
• Los avalúos comerciales y estimados de renta correspondientes a los bienes sociales presentan atrasos de hasta 3 años o más, lo que impide avanzar en los procesos de enajenación para las sociedades que se encuentran en proceso de liquidación y evita la maximización de ingresos por productividad de los bienes sociales.
• Existen bienes sociales improductivos, abandonados, en deterioro y en algunos casos con ocupaciones irregulares.

• Se realizan créditos a sociedades, que se deterioran sin realizar gestión de cobro.
• Se suscriben contratos sin el cumplimiento de lo ordenado por la ley en materia de constitución de garantías.
• No se cuenta con registro de afectados por las medidas cautelares a las sociedades incautadas, con el fin de evitar que continúen ejerciendo administración o intervenciones por terceros que tengan relaciones con estos.
• La falta de seguimiento a los depositarios designados y la administración ha llevado a la toma de decisiones que condujeron a disolución y liquidación de sociedades.
• Desconocimiento del estado real de las sociedades bajo la administración de la SAE.
• Deficiencias en la funcionalidad y oportunidad del cargue de información en el sistema tecnológico SIGMA, que no cuenta con la información suficiente para el adecuado seguimiento, evaluación, control y adopción de las medidas preventivas y correctivas, para procurar la debida administración de los bienes, por parte de la SAE y los depositarios.
• Apropiación de recursos propiedad de las sociedades que se encuentran en procesos de liquidación, por parte del Frisco, ocasionando incumplimientos en los cronogramas de liquidación.
• Las sociedades no se encuentran reconocidas correctamente en los Estados Financieros del Frisco.