“Estuve a punto de suicidarme, de tirarme de un piso 22 con la barriga de embarazada”. Esa fue una de las frases más aterradoras que la Corte Suprema de Justicia identificó en las interceptaciones telefónicas que hizo, entre mayo y agosto de 2023, a las conversaciones de Johanna Peláez Botero, la expareja del senador Álex Flórez, quien lo denunció por violencia intrafamiliar, pero luego se retractó.
Las interceptaciones conocidas por SEMANA forman parte del expediente de 305 páginas con el que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó al congresista del Pacto Histórico. El senador asegura que su expareja se retractó de la denuncia y señala una persecución política.
Pese a su argumento, la investigación de la Justicia desmontó la estrategia de Flórez, desarticuló la retractación de la víctima, detectó una red de contratación pública como aparente mecanismo de sometimiento, identificó el arrendamiento de un apartamento como herramienta de control económico y dejó al descubierto interceptaciones telefónicas que tienen a Flórez en el banquillo de los acusados.
Las interceptaciones
El senador del Pacto Histórico alineó su defensa al publicar en su cuenta de X un video junto a su expareja en el que ella aseguraba que jamás había sido golpeada y justificaba la denuncia como un momento de rabia y dolor por la ruptura. Peláez Botero dijo haber sido víctima de acoso, persecución y vulneración de su privacidad para atacar a Flórez.
Johanna Peláez, expareja del senador Alex Flórez, dijo que nunca fue maltratada por el congresista y que la acusación “fue fabricada por enemigos políticos de Flórez”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/iGbP8u9zYR
— Revista Semana (@RevistaSemana) March 19, 2025
Sin embargo, la columna vertebral de la acusación contra el congresista radica en una serie de interceptaciones telefónicas en las que se escucha a Johanna Peláez en clara posición de víctima, contrario a lo que planteó en el video. En esas conversaciones que sostuvo por chats y llamadas íntimas con familiares y amigos, la mujer se desahogó sin filtro.
En uno de los apartes confesó: “Álex me pegó el día que le dije que estaba embarazada. Me dijo que tenía que abortar porque me iba a quedar sola. Hubo maltrato físico, psicológico y económico”.
En las grabaciones también salió a la luz la desesperación a la que habría sido sometida la víctima durante el embarazo: “Yo estuve a punto de suicidarme, de tirarme de un piso 22 con una barriga de embarazada (...). Él es un hombre que te martilla y te martilla la cabeza”.
El presunto ataque ocurrió el 18 de febrero de 2021, en la camioneta blindada del entonces concejal de Medellín, cercano a Daniel Quintero. Flórez habría reaccionado violentamente al conocer el embarazo y exigido a la mujer abortar porque “no estaba preparado para ser papá”. Reportes médicos iniciales de la EPS Sura y fichas oficiales del Sivigila, la plataforma que registra posibles violencias de género, anotaron que Flórez habría agredido a su expareja y, según la Corte, no se encontraron “señales de un relato mentiroso, o que la paciente se hubiera autoinfligido las lesiones detectadas”, como en un principio se mencionó.
Las interceptaciones revelaron que, entre el sexto y séptimo mes de embarazo, Peláez habría pasado hambre. Según su relato, en julio de 2021 acudió a una clínica tras permanecer un día sin comer porque Flórez se habría negado a darle dinero para alimentos. El estrés también le habría provocado alopecia severa.
La Sala de Instrucción señaló que el investigado dejó de pagar a la víctima una ayuda mensual de 750.000 pesos de enero a julio de 2021, cuando ella padecía una situación de especial vulnerabilidad. La Corte consideró que esta suspensión constituyó una forma de “presión” y violencia económica.
La red de contratos
Uno de los hallazgos más relevantes de la Corte Suprema fue una aparente red de contratos que el senador Flórez habría puesto en marcha como mecanismo de sometimiento a su expareja.
El expediente documenta la forma en que el entonces concejal de Medellín presuntamente movió influencias para ubicarla como contratista del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) y del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo (DAGRD) entre febrero y marzo de 2021, época en la que se habría registrado la agresión.
Varios excoordinadores de esas entidades e informes de policía judicial habrían dejado al descubierto que Peláez Botero fue contratista, pero ni siquiera la distinguían, no supieron cómo logró ese vínculo laboral y tampoco habrían verificado que cumpliera con las actividades del contrato. Todo habría sido un mecanismo de manutención a cambio de silencio, una corbata, como es conocido en el mundo de la contratación.
Un testigo aseguró que Flórez “aprovechaba” el desempleo y las dificultades del embarazo de su expareja para amenazarla con quitarle la custodia del menor y negarle apoyo económico.
La retractación
Para la Corte Suprema existiría una especie de sometimiento y dependencia económica detrás de la retractación de la mujer sobre la grave denuncia contra Flórez. La acusación reveló que, tras el escándalo mediático, el senador progresista firmó un acuerdo conciliatorio de 7 millones de pesos mensuales por la manutención del menor.
De hecho, en una de las interceptaciones quedó en evidencia el momento en que Johanna Peláez confesó haber amenazado al congresista con destapar los abusos ante la opinión pública por “violencia física, vicaria y económica” si no firmaba dicha cuota para el hijo en común. Después de que se efectuaron los pagos, la víctima cambió la versión.
Para la Corte, con ponencia del magistrado Marco Antonio Rueda, la retractación no desvirtúa el delito, sino que formaría parte de un ciclo de violencia de género en el que la víctima, agobiada por las deudas y la crianza de su hijo, habría cedido ante el poder económico y político del presunto agresor.
Apartamento y UTL
Esa dependencia económica también revela que Flórez habría alquilado el apartamento 2211 del edificio Aura, en Medellín, donde convivía con la víctima, a través de Juan Sebastián Corrales y Óscar Osorio, dos colaboradores que luego ingresaron a su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
El senador Álex Flórez habría asumido el pago del alquiler de ese apartamento por 1.650.000 pesos, donde, al parecer, también vivió Laura Duarte, exdirectora del DAGRD. Pero para la Corte esas supuestas ayudas se convirtieron en un “mecanismo estructural que generó y perpetuó” la dependencia y el control económico sobre la víctima.
La Sala de Instrucción rechazó la teoría de la defensa de Flórez sobre la atipicidad de la violencia intrafamiliar alegando que no vivían bajo el mismo techo. Sin embargo, el documento dejó claro que la nueva legislación no requiere convivencia para ajustar ese tipo de delitos en parejas extramatrimoniales. La característica principal es que haya una “clara e inequívoca vocación de estabilidad”.
El senador Álex Flórez ahora deberá responder por el delito de violencia intrafamiliar y hasta podría enfrentar una inhabilidad que lo dejaría por fuera de la carrera política.