Ante la coordinadora de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, llegó la denuncia por la presunta “conducta omisiva atribuible al Gobierno nacional en relación con la adopción e implementación de medidas de seguridad para la protección de líderes políticos, circunstancia que en su criterio podría configurar conductas punibles cometidas por omisión”, en el caso del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
La denuncia fue radicada en primera instancia por el abogado Santiago Suárez Morales, en particular contra el entonces ministro de Interior Armando Benedetti, “por acontecimientos presuntamente vinculados al atentado ocurrido el 7 de junio de 2025, en el que perdió la vida el entonces precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay”, se lee en el documento.
Sin embargo, esta denuncia fue instaurada en primera instancia ante la Corte Suprema de Justicia, que la rechazó, en principio, porque su obligación es investigar a aforados como senadores y representantes a la Cámara. Por esto, el presidente de la Sala de Instrucción, magistrado Marco Antonio Rueda, la remitió a la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia.
Según el denunciante Suárez Morales, el exministro no solo es el jefe de la Unidad Nacional de Protección, sino el que en su condición de MinInterior es presidente del Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas de Seguridad (Cerrem), y no habría tomado decisiones necesarias para proteger a Uribe Turbay. Ahora será la Fiscalía la que decida si avanza en la investigación.