Con ocho votos a favor, los magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional avalaron el ingreso de Colombia al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado internacional que fortalece la vigilancia del cumplimiento de los compromisos del Estado con esa población.
Ese acuerdo, que fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2006, en Nueva York, le permitirá a esa población en Colombia presentar comunicaciones ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, cuando consideren que el Estado ha vulnerado parte de esos derechos.
Con ponencia del magistrado Carlos Camargo, la Corte aprobó dicho protocolo tras concluir que era compatible con la Constitución, establecía la competencia del Congreso en este tipo de tratados internacionales y fijó su vigencia a partir de su publicación.
El Protocolo Facultativo también tiene un procedimiento de investigación para ciertas situaciones de violaciones graves o sistemáticas, pero es importante aclarar que ese mecanismo no sustituye a los jueces ni a las instituciones colombianas. La herramienta beneficia expresamente a las personas con discapacidad.