Un cotero oriundo de Caquetá, que vivió durante años en el municipio de Suaza, en Huila, fue el encargado de citar a los campesinos de por lo menos diez veredas para que asistieran a una reunión que se llevaría a cabo en la vereda La Palma, a 50 minutos del casco urbano, el lunes 26 de octubre, a las nueve de la mañana.
Cuentan en esa población de 27.000 habitantes, que está a 160 kilómetros de Neiva, la capital del departamento, que el cotero, al que conocían como el Flaco, visitó al presidente de la Junta de Acción Comunal de La Palma el sábado 24 de octubre, le puso las condiciones del encuentro y lo obligó a hacer videollamadas con otros líderes campesinos para convocarlos a nombre del frente Rodrigo Cadete de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Jeison.
El Flaco, que construyó en Suaza una familia, tuvo su esposa y una hija, esperaba la llegada de los líderes de las veredas San Calixto, Loma Gorda, Recreo, Primavera, Brisas, Paraíso, El Salado, Delicias, El Carmen, La Palma, Alto Brasil y Alto Delicias, esta última presidida por una hermana del alcalde de Suaza, Francisco Cuéllar Calderón.
Pretendía, les dijo al anunciarles la obligatoriedad del encuentro, entregarles un manual de convivencia escrito supuestamente por las mismas disidencias, explicar directrices de los mandos de esa organización delincuencial y exigir una cuota económica de 200 pesos por cada árbol de café.
Para hacerse una idea del dinero que podría llegar a arrebatarles a los cafeteros esa organización delincuencial en todo ese municipio, basta conocer los datos sobre la siembra del grano. En Suaza, según datos conservadores de la misma alcaldía, podría haber unas 3.400 hectáreas aptas para la siembra, y expertos estiman que cada una podría contar con una capacidad, en promedio, de 5.000 árboles, es decir, 17 millones de palos de café, una potencial extorsión de 3.400 millones de pesos por cada cosecha.
A la cita no asistió el grueso de los presidentes convocados y los que fueron se sintieron engañados. Media hora después de escuchar al Flaco, a otros dos hombres que lo acompañaban y a dos mujeres, los campesinos y comerciantes se envalentonaron, les cuestionaron al dudar de su real pertenencia a una disidencia de las Farc y los increparon.
Entre ellos, Yeiner Suárez, propietario de un establecimiento de compra y venta de motos de segunda, de una prendería y administrador de una discoteca, quien, al verse secundado por otros asistentes a la reunión, los enfrentó.
Al sentirse acorralado por los campesinos, uno de los extorsionistas desenfundó un arma, le disparó en dos ocasiones a Suárez e intentó huir hacia la camioneta Toyota Fortuner en la que se movilizaban, pero los labriegos lo alcanzaron.
Con machetes, los lugareños les quitaron la vida a él y a uno de sus acompañantes. Los otros tres, las dos mujeres y un hombre, alcanzaron a abordar la camioneta, pero antes de que pudieran escapar, la turba armada con los machetes les cerró el camino y también les quitó la vida. Luego, le prendió fuego a la camioneta.
Un video del vehículo prendido en llamas y varias fotos de los cadáveres tirados en una vía terciaria de La Palma circularon en las redes sociales como evidencia del grave e inédito episodio de violencia en esa zona de Colombia.
El saldo fue de cinco extorsionistas asesinados. Las víctimas de ese flagelo lo celebraron, pero al tiempo lloraron la muerte de Yeiner, el comerciante que los increpó, quien tras ser herido fue llevado al hospital local y allí fue dado por muerto.
El alcalde de Suaza le dijo a SEMANA que ese hecho se produjo porque la gente está cansada de las exigencias económicas de las organizaciones delincuenciales, pero además de la aparición de bandas organizadas que se hacen pasar por esos grupos criminales para sacar provecho también del esfuerzo de los campesinos.
“Esta gente obliga a los presidentes a pedirles plata a los fincarios para entregarles a ellos. A mí toda la semana me llaman los presidentes a decirme: ‘¿Qué hacemos, alcalde?’. Porque ha sido mucha plata la que han entregado en cabeza de los presidentes”, explicó.
Yeiner, que no superaba los 38 años, dejó una esposa, una hija de 7 años y un niño de 5, fue sepultado el jueves a las cuatro de la tarde. El mismo mandatario tuvo que pedir apoyo de la Policía para brindar protección a los asistentes al sepelio, debido al creciente temor entre los campesinos de una represalia por parte de los allegados a los extorsionistas.
El miedo no es infundado. Según el mandatario, desde la ocurrencia de esos hechos han comenzado a llegar graves amenazas a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, algunas a través de llamadas telefónicas, otras por audios divulgados por llamadas o videos, algunos de los cuales conoció SEMANA.
En una de las amenazas, un hombre le habló puntualmente a un campesino y le recriminó por lo ocurrido. “Si nosotros mandamos gente acá, los citamos es para que la gente venga; ahí hubo un problema con un comerciante, tenemos un problema con este muchacho, lo mataron a machete, a traición”, dijo.
Además, mencionó el nombre de uno de los temidos cabecillas de las disidencias, que se sentó en la mesa de la paz total con el Gobierno del expresidente Gustavo Petro sin muestra alguna de voluntad por aliviar el dolor de las comunidades, e hizo una preocupante advertencia: “La orden del comandante Calarcá Córdoba, máximo comandante nuestro en la zona, es que esa gente se tiene que ir de la región. No le hemos llegado, pero ya les mandamos panfleto, ya les mandamos razón, porque hay fuerza pública en la zona, pero por ahí va la compañía nuestra y en cualquier momento va a haber una masacre”.
En otra grabación enviada a un líder campesino, un supuesto delincuente le dijo que uno de los extorsionistas muertos era un abogado: “¿Ustedes por qué se tiraron eso así? Esas muchachas eran puros civiles que llevaba el abogado. Ese muchacho que llevaban era un abogado. Ustedes verán cómo van a responder. Les dijimos a esos muchachos que cómo van a cuadrar, cómo van a responder por los chinos que nos mataron, quién los autorizó a que hicieran eso”.
Las amenazas también llegaron por escrito, incluso posterior a esa masacre, calificada por Indepaz como la 101 en 2026.
“El llamado es para que el día 28/10 hagan presencia en el caserío El Recreo corregimiento de Garzón, hora: 9 AM. No faltar por ningún motivo, o si no, no se responde con lo que les pueda pasar. Autorizado Sergio Carvajal. Responsable de finanzas, Maicol”, escribieron en un papel.
Las autoridades locales realizaron un consejo extraordinario de seguridad para evaluar la situación. El personero municipal, Doniel María Vargas Castro, sostuvo una reunión con la Unidad Nacional de Protección para evaluar salidas.
De los muertos no se conocen aún las plenas identidades; se rumora en la zona que las dos mujeres habían llegado de Medellín y del Caquetá. Eso no ha sido confirmado y ha hecho que algunos aún duden de que los extorsionistas pertenecieran a alguna disidencia o que hayan sido contratados por estas organizaciones para cometer ese delito.
El secretario de Gobierno del Huila, Camilo Castrillón Quintero, afirmó en SEMANA que la situación no solamente es preocupante, sino que se ha extendido a otros municipios del departamento, convirtiéndose en graves hechos de terrorismo: “Por ejemplo, del primero de enero al 20 de octubre de 2025, hubo 315 denuncias por extorsión; este año van 248. Supuestamente bajó un 21 por ciento, pero creemos que hay un subregistro”.
Esa secretaría ha documentado ocho ataques con drones en los últimos tres meses, hostigamientos y la quema de dos buses y un camión repartidor de una compañía de gaseosas.
De ahí que esperen que el presidente Abelardo De La Espriella les envíe, como les anunció, a la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) del Ejército para que proteja el corredor vial que lleva de Suaza a los municipios de Guadalupe y Acevedo a la cordillera en el Caquetá, donde los disidentes andan a sus anchas.