La Imprenta Nacional le salió al paso a la demanda que presentó la Procuraduría General de la Nación en contra del convenio que firmaron la Cancillería y la Imprenta Nacional de Colombia con la Casa de la Moneda de Portugal para poner a funcionar el nuevo modelo de pasaportes en Colombia.
La respuesta a esa demanda estuvo liderada por el abogado Camilo Andrés García Gil, representante legal de la firma apoderada de la Imprenta Nacional, quien expuso que el convenio para el nuevo modelo no es un contrato comercial tradicional, sino un esquema de cooperación entre entidades públicas.
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— Revista Semana (@RevistaSemana) April 12, 2026
García específico en el documento de 41 páginas que le envió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca: “La Imprenta Nacional de Colombia se opone en su integridad a las pretensiones de nulidad absoluta propuestas por la parte actora, por cuanto el convenio cuestionado no fue celebrado contra expresa prohibición constitucional o legal, no se encuentra afectado por desviación de poder, no desconoce el régimen de selección aplicable y hace parte de una arquitectura institucional, jurídica y técnica dirigida al fortalecimiento de la soberanía documental del Estado colombiano”.
Sin embargo, el procurador Marcio Melgosa, delegado para la Vigilancia de la Función Pública, demandó el convenio por más de 1.3 billones de pesos, argumentando que ese acuerdo sería ilegal por presuntas irregularidades en la contratación, falta de competencia, ausencia de estudios previos y otros riesgos que pondrían en jaque el patrimonio público del país.
Pero para el apoderado de la Imprenta: “La demanda parte de una premisa equivocada, examina el convenio de cooperación internacional como si se tratara de un contrato ordinario de mercado para seleccionar un proveedor privado que suministra libretas o presta un servicio comercial. Esa caracterización es jurídicamente inexacta. El negocio cuestionado es un instrumento de cooperación entre entidades públicas”.
Por eso el apoderado de la empresa que se hará cargo de la operación logística del nuevo modelo de pasaportes en Colombia, esta controversia legal no puede resolverse mediante una lectura del convenio ni a partir de las categorías de contratación ordinaria con particular, sino del contexto completo de su diseño escalonado, de la norma aplicable a la expedición de pasaportes y la habitación de la Imprenta para su ejecución.
El abogado de la Imprenta Nacional también expuso en la contestación de esa demanda que el convenio busca fortalecer la soberanía documental del país, la selección de la Casa de la Moneda “no requiere licitación, al tratarse de una entidad pública extranjera” y no hay evidencia de una tercerización del servicio teniendo en cuenta que Colombia tendrá las capacidades para producir el documento.
Ahora el magistrado José Élver Muñoz Barrera deberá analizar los argumentos del Tribunal para decidir qué pasará con esta demanda de la Procuraduría que tiene tambaleando el cuestionado nuevo modelo de pasaportes que impulsó el presidente Petro.