En el año 2018, Kendry Téllez Álvarez se compareció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como exintegrante del frente 53 del Bloque Oriental de las extintas Farc.

Tras asistir a unas diligencias, recibió un beneficio judicial por parte de la Sala de Amnistía que le concedió la libertad condicionada.
Hoy, cuatro años después, se conoce que es uno de los principales sospechosos de haber participado en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, como lo reveló en exclusiva SEMANA.

“Quien me informó que la Segunda Marquetalia era la que había ordenado esta operación en contra del senador Miguel Uribe fue Kendry Téllez Álvarez, alias Yako. Ante las personas en la ciudad le decíamos ‘la vuelta’, pero ante los mandos de la guerrilla es una ‘operación’”, relató Simeone Pérez Marroquín, alias el Viejo, quien fue condenado el 20 de marzo a 22 años de prisión tras firmar un preacuerdo, reconociendo su participación en la planeación del atentado.
La vinculación con este caso motivó que la JEP empiece a evaluar su continuidad dentro de este Tribunal, creado tras la firma del Acuerdo de Paz en septiembre de 2016.
El pasado miércoles 25 de marzo, la Sala de Reconocimiento le envió un nutrido informe a la Sala de Amnistía frente a la situación jurídica de Téllez Álvarez.

La Fiscalía General, según confirmaron varias fuentes, le notificó a la JEP sobre la recompensa de 500 millones de pesos para establecer el paradero de alias Yako, quien hace parte de la Segunda Marquetalia.
La recompensa se emitió en medio de la reactivación de la investigación contra un grupo de personas que fueron señaladas por confesos implicados en el magnicidio, de haber participado y dado órdenes directas para la ejecución del atentado sicarial que tuvo lugar el 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá.

A esta situación se le suma el agravante de que desde hace varios meses ha sido imposible contactar a Téllez Álvarez para que se presente ante la JEP, lo que representa un incumplimiento al régimen de condicionalidad.
Debido a que todos los comparecientes tienen la obligación de atender los llamados de las respectivas Salas y presentarse a las citaciones.

Desde hace seis meses no existe registro alguno de la presencia de Téllez Álvarez en el Sistema de Apoyo para la Reincorporación (Sara) de la Agencia de Reincorporación y la Normalización (ARN). Toda esta situación representa un incumplimiento de los compromisos que podría llevar a su expulsión.
En contra de alias Yako existen dos condenas por secuestro extorsivo agravado, porte ilegal de armas de fuego, y tentativa de extorsión, que suman una pena cercana a los 50 años de cárcel.
