El juez 24 penal del circuito de Bogotá, al aceptar los argumentos presentados por la Procuraduría General de la Nación, tomó la decisión de revocar la libertad que había sido concedida a cinco sujetos señalados de ser integrantes de las disidencias de las Farc, a quienes se les había otorgado dicho beneficio debido a la posibilidad de que los términos procesales hubieran vencido.
Esta resolución afecta a Jaime Hernando Olarte Torres, Víctor Hugo Ruiz Herrera, Yeison Manyíber Franco Sánchez, David Rabelo Gutiérrez y Yeiner Avendaño Bohórquez, “señalados de pertenecer, presuntamente, a ese grupo armado organizado (GAO) y concertarse para realizar actividades ilícitas”, indicó el Ministerio Público.
El fallo de segunda instancia fue adoptado luego de que la Procuradora 181 Judicial Penal II de Bogotá presentara un recurso de apelación, en el que argumentó que las disidencias de las Farc se ajustan a las características de un GAO y que la Fiscalía tiene la facultad de calificar a quienes forman parte de dichas organizaciones ilegales, “concepto que está ampliamente definido tanto en nuestro ordenamiento jurídico como en el derecho internacional”.
En relación con el argumento del vencimiento de los términos, se señaló que estos no se han cumplido en virtud de los tiempos estipulados para investigar a integrantes de estas agrupaciones y porque los aplazamientos concedidos durante las audiencias eran atribuibles a la defensa de los procesados.
Por su parte, el juez señaló que, una vez analizado el desarrollo de la actuación penal, los términos de esta no estaban vencidos tal como lo argumentó el Ministerio Público, a la vez que sostuvo que a los acusados les asiste el derecho de disponer de un tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación de su defensa, pero también “es deber de las autoridades judiciales cumplir de manera diligente los plazos establecidos, no solo porque su inobservancia puede ser sancionada, sino también porque la dilación injustificada de tales términos configura una violación del debido proceso”.
Por esa razón, revocó la libertad concedida a los cinco investigados y ordenó al Centro de Servicios Judiciales de Bogotá emitir las respectivas boletas de encarcelamiento. La decisión también había sido apelada por la Fiscalía. Estos disidentes no hacían parte del grupo que busca acogerse a la ‘paz total’ que propone el gobierno Petro.
Suspenden órdenes de captura contra disidentes
Por otra parte, el fiscal General, Francisco Barbosa, anunció que se suspendieron las órdenes de captura en contra de 19 disidentes de la guerrilla de las Farc, varios de ellos firmantes del Acuerdo de Paz y que volvieron a tomar las armas en la Segunda Marquetalia comandada por Iván Márquez.
Tal como quedó plasmado en la solicitud del Gobierno, entre los hombres a los que no se les levantó la orden de captura está Javier Alonso Velosa García, alias John Mechas, señalado de haber ordenado un atentado en contra del helicóptero en el que se movilizaba el entonces presidente Iván Duque y el ministro de Defensa, Diego Molano, el 26 de junio de 2021, en una visita que adelantó el jefe de Estado para revisar la situación de orden público en la región tras un atentado terrorista en las instalaciones de la Brigada 30 del Ejército Nacional.
‘John Mechas’, comandante del grupo de las disidencias conocido como GAOr-33 y subordinado de alias Iván Mordisco, lleva varios años delinquiendo y traficando droga en la región del Norte de Santander. Según información de inteligencia, ha estado detrás de ataques contra la Fuerza Pública. En Venezuela ha creado alianzas criminales con narcotraficantes.
Para la decisión se tuvo en cuenta la documentación enviada el pasado 8 de marzo por parte del presidente Gustavo Petro, quien le otorgó el carácter político a estos disidentes del Estado Mayor Central de las Farc. “Ninguna de esas personas solicitadas en la resolución 039 en la que ya estaba excluida el señor ‘John Mechas’ tienen órdenes de captura con fines de extradición”.
En la nueva lista enviada por el Presidente Petro se le dio carácter político “a los disidentes que no firmaron el Acuerdo de Paz y otros que firmaron y no lo cumplieron. En este sentido, es una decisión política del presidente de avanzar en estos diálogos y, por supuesto, como fiscal general, no me queda más que acompañarlo con fundamento en las normas constitucionales y legales ese tipo de decisiones”, dijo Barbosa.
Sin embargo, los procesos penales y de extinción de dominio en contra de estas 19 personas siguen vigentes. “La Fiscalía y el Fiscal General apoya la idea de la ‘paz total’, pero bien hecha y no acompaña las circunstancias que van en contravía del ordenamiento jurídico”, precisó el jefe del ente investigador en rueda de prensa.