La Cooperativa de Transportes Velotax, una de las compañías más emblemáticas del transporte terrestre en Colombia, vuelve a ubicarse en el centro de la discusión nacional luego de que la senadora Paloma Valencia denunciara una presunta extralimitación de la SuperTransporte en el manejo de la empresa.
Según la congresista del Centro Democrático, el Gobierno nacional estaría desconociendo una reciente decisión de la Corte Constitucional al asumir, a través de SuperTransporte, el control administrativo de la compañía mediante la designación de un administrador, situación que, a su juicio, vulneraría la autonomía empresarial y sentaría un precedente preocupante para el sector privado.
Fundada en el departamento del Tolima en 1953 por Pedro Pablo Contreras Jiménez, Velotax logró consolidarse durante décadas como una de las principales operadoras de rutas intermunicipales del país.
La compañía tiene una fuerte presencia en el centro del territorio nacional y cuenta con miles de asociados y usuarios. Su historia está estrechamente ligada al desarrollo económico de Ibagué y del Tolima, donde se convirtió en una de las organizaciones empresariales más influyentes de la región.
Sin embargo, durante los últimos años, la cooperativa ha enfrentado múltiples conflictos jurídicos y societarios relacionados con decisiones internas adoptadas desde 2016. Estas disputas han derivado en investigaciones, medidas de vigilancia y actuaciones administrativas por parte de SuperTransporte.
La controversia actual gira alrededor de la administración de la empresa. Durante 2026, SuperTransporte adoptó decisiones que incluyeron la remoción de directivos y la designación de un administrador de saneamiento para asumir la representación legal de la cooperativa mientras se adelantan procesos de reorganización institucional.
Inicialmente, fue designado Pedro Martín Villanueva Rincón como administrador de saneamiento excepcional. Luego, SuperTransporte informó la designación de un nuevo gerente dentro de las medidas adoptadas en el marco del sometimiento a control de la cooperativa.
Estas decisiones han sido cuestionadas por sectores de la empresa que consideran que la entidad habría excedido sus competencias, mientras que la superintendencia sostiene que las medidas responden a la necesidad de restablecer la legalidad y corregir irregularidades detectadas en la administración de la organización.
Uno de los elementos centrales del debate es la interpretación de la Sentencia C-276 de 2025 de la Corte Constitucional. De acuerdo con la explicación divulgada por Paloma Valencia, el alto tribunal habría establecido que las empresas sometidas al control de la superintendencia conservan el derecho a nombrar a sus administradores, preservando así su autonomía empresarial.
Según la excandidata presidencial, la autoridad estatal solamente podría realizar una designación directa cuando la empresa no ejerza esa facultad dentro de un plazo razonable.
La discusión jurídica radica justo en determinar si la superintendencia permitió o no que Velotax ejerciera dicho derecho antes de intervenir en la administración de la cooperativa.
A través de una serie de publicaciones en X, la senadora Paloma Valencia aseguró que SuperTransporte habría impedido que Velotax designara a su propio administrador.
La congresista afirmó que la entidad argumentó la necesidad de nombrar primero un “administrador de saneamiento” encargado de reorganizar la empresa antes de permitir que los asociados eligieran una nueva gerencia.
#ATENCIÓN El Gobierno estaría presuntamente apoderándose del manejo de Velotax, una reconocida empresa de transporte, a pesar que la Corte Constitucional no lo permite.
— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) June 19, 2026
Habrían designado un gerente desde la SuperTransporte presuntamente sin permitirle a la empresa que lo… pic.twitter.com/1Tb4btyFiQ
Para Valencia, esta actuación constituiría una forma de asumir el control total de la compañía, incluso por encima de lo ordenado por la Corte Constitucional.
La senadora sostuvo que el caso podría representar un precedente riesgoso para el sector empresarial colombiano y advirtió que otras compañías podrían enfrentar situaciones similares si se permite que las entidades estatales amplíen sus facultades más allá de los límites establecidos por la ley y la jurisprudencia.
Asimismo, anunció que ya fue presentada una queja disciplinaria y solicitó a la Procuraduría General de la Nación realizar un seguimiento especial a las actuaciones de SuperTransporte.