La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) emitió un comunicado para advertir los riesgos jurídicos, institucionales y económicos que se pueden derivar del anuncio hecho por el Gobierno sobre una eventual terminación anticipada del contrato de concesión Autopistas del Café.
“La posibilidad de intervenir unilateralmente un contrato vigente, con obligaciones cumplidas y resultados virtuosos, genera un alto nivel de incertidumbre que compromete la seguridad jurídica de la contratación pública y la estabilidad de las reglas que rigen la infraestructura”, señaló.
La CCI mencionó que esta es una concesión de primera generación y que está vigente hasta 2027, con un cumplimiento contractual del 100 %, calificaciones técnicas superiores a las exigidas por el contrato y sin requerimientos de recursos públicos.
Asimismo, recordó que en los últimos años ha ejecutado obras y diseños adicionales por un valor de $310.000 millones, previa concertación con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y los departamentos del área de influencia, conforme a los mecanismos contractuales establecidos.
“Los contratos de concesión no son instrumentos discrecionales. Son acuerdos jurídicamente vinculantes que deben respetarse mientras estén vigentes y cumplan con las condiciones pactadas”, dijo Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente ejecutivo.
Por otra parte, la Cámara recordó que Autopistas del Café ha contribuido a la generación de más de 56.000 empleos directos e indirectos y, al mismo tiempo, ha sido un soporte para sectores como el turismo, la agroindustria, el comercio y la logística regional.
Desde la CCI advertimos sobre los riesgos institucionales, jurídicos y económicos que se derivan del reciente anuncio del Gobierno nacional, relacionado con la eventual terminación anticipada del contrato de concesión Autopistas del Café (@AutopCafe). La posibilidad de intervenir… pic.twitter.com/rahmNAjDjM
— Juan Martin Caicedo (@JMCaicedoFerrer) January 23, 2026
De la misma forma, esto ha permitido reducciones significativas en tiempos de desplazamiento, costos operativos y niveles de siniestralidad vial.
En ese sentido, advirtió que si se llega a interrumpir este esquema, que está funcionando en condiciones óptimas, hay un riesgo para la continuidad y sostenibilidad de esta infraestructura.
En el comunicado, la CCI también recordó que los contratos de concesión están amparados por la Constitución, la ley y la jurisprudencia, por lo que una eventual terminación sin una causa justificada activa de inmediato las cláusulas contractuales previstas para estos eventos, lo que incluye compensaciones e indemnizaciones a cargo del Estado.
“Estas consecuencias tienen impacto directo sobre las finanzas públicas y sobre la planeación presupuestal, y han sido reiteradas tanto en el marco contractual como en las decisiones de tribunales de arbitraje”, agregó.
Por todo esto, mencionó que la terminación anticipada debe ceñirse estrictamente al marco constitucional, legal, contractual y jurisprudencial vigente, debido a que las decisiones de los servidores públicos en esta materia producen efectos jurídicos y fiscales.
Por ello, advirtió que se pueden abrir investigaciones fiscales, disciplinarias y penales contra los funcionarios que promuevan, autoricen y ejecuten tales decisiones, por eventuales perjuicios al Estado o desconocimiento del principio de legalidad.
“La discusión sobre el futuro de la infraestructura debe darse con rigor técnico, responsabilidad jurídica y visión de largo plazo, en defensa del interés general y del adecuado funcionamiento de las instituciones”, concluyó el presidente de la CCI.
