orden público

La incertidumbre que reina en los cuarteles con el inicio de la era de Gustavo Petro como presidente

El giro de 180 grados en la fuerza pública que promete el Gobierno de Gustavo Petro causa dudas en los hombres que velan por la seguridad del país por una posible desestabilización institucional.


Hay silencio e incertidumbre en las unidades militares y de policía con los cambios trazados para el sector defensa en el gobierno de Gustavo Petro. Las promesas sin definir en campaña, en las que hablaba de fuerzas para la paz, de seguridad humana, de eliminar la muralla aristocrática para determinar los ascensos, se han traducido en anuncios que suscitan preocupación.

El asunto cayó como un baldado de agua fría desde el mismo nombramiento del hoy ministro de Defensa, el exmagistrado estrella de la parapolítica Iván Velásquez, contundente crítico de las Fuerzas Militares y de la Policía. Él no se ha venido con ambages y ya efectuó anuncios que plantean un “cambio extremo”.

Sin reversa

Para el caso de la Policía, el Gobierno Petro ya tiene la decisión tomada de trasladarla al nuevo Ministerio de Paz, Seguridad y Convivencia, que se crearía al amparo de unas facultades extraordinarias para reformar el Estado. De no darse así, pasaría al Ministerio del Interior.

Y, aunque el Gobierno Petro ha mencionado que respetarán los derechos adquiridos de los policías a lo largo de los años en salarios, pensiones, servicios de salud y bonificaciones, SEMANA habló con miembros de la Policía que no esconden su preocupación, no solo desde sus garantías, sino desde lo operacional.

“La batuta de la inteligencia en el país la ha manejado la Policía. Ha sido la clave para importantes golpes que hemos dado, sin ir muy lejos la captura de Otoniel. Ha sido un trabajo de años, reconocido y articulado con agencias internacionales, como la DEA. No sabemos si se va a dejar a la deriva”, aseguró un miembro de la Policía de alto rango, quien por obvias razones pidió que fuera omitida su identidad.

Para los uniformados, uno de los temores radica en las posiciones en contra de la Policía por parte de Velásquez, de público conocimiento. Durante las protestas del paro nacional, en las que se presentaron abusos contra civiles, el ministro lanzó duros cuestionamientos, que ahora se suman a la ratificación de una profunda reforma y hasta la eliminación del Esmad.

Así como los policías tienen su prevención con el nuevo Gobierno, en los cuarteles militares la preocupación e incertidumbre no es ajena.

Desde la campaña, Gustavo Petro fue crítico con este sector y hasta sostuvo un duro enfrentamiento con el entonces comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro. Petro señaló a generales de estar en la nómina del Clan del Golfo, y el oficial le respondió recordándole el episodio en el que se lo ve guardando fajos de billetes en una bolsa de basura.

Petro ha sido radical al señalar que en su gobierno no habría cabida para oficiales con señalamientos de corrupción y violaciones de derechos humanos, como los falsos positivos. Para vigilar esto, difícilmente se encontrará a alguien mejor que Velásquez, y no es un secreto que en el Ejército hay generales con investigaciones. La pregunta es: ¿viene una purga interna?

Ya nombrado, Velásquez moderó un poco la posición y, aunque dijo que era inevitable que en el Gobierno Petro estuvieran oficiales con graves señalamientos en procesos judiciales, advirtió que se debía revisar con detenimiento cada caso.

Esta política busca también –ha dicho el designado ministro– revisar el ascenso de loszapaaltos mandos militares, otro de los pilares de la campaña presidencial de Petro, cuando prometió que en la cúpula debían estar funcionarios elegidos por méritos y no por rosca.

Y es que el viraje de 180 grados que prometió el líder del Pacto Histórico, y por el cual arrastró miles de votos que le sirvieron para llegar a la Casa de Nariño, tocó fibras sensibles en sectores políticos radicales del país que defienden a capa y espada a la fuerza pública.

Uno de esos puntos de confrontaciones ideológicas es la eliminación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), del cual incluso Petro echó mano cuando fue alcalde de Bogotá y los desmanes requirieron apoyo de esta fuerza.

A pesar de que su decisión parecía radical en campaña, se ha matizado. El ministro de Defensa aseguró que se debe revisar la eliminación, y lo que podría venir es una reforma de fondo para transformar la unidad móvil, enrutada hacia la protección de los derechos humanos y evitar que los uniformados vean a los manifestantes como sus enemigos.

Pero la política de defensa no se reduce a la Policía y las Fuerzas Militares, es un sector que atraviesa todo el aparato del Estado. Son cerca de 400.000 integrantes, maneja un presupuesto de 40 billones de pesos, tiene relaciones con casi todo el planeta y recibe cooperación internacional de Estados Unidos y Europa para combatir la criminalidad transnacional.

¿De cómplice a nuevo mejor amigo?

El nuevo Gobierno ya anunció un restablecimiento de las relaciones con Venezuela, rotas desde el inicio del mandato del presidente Iván Duque, quien impulsó el fracasado “cerco diplomático”.

Venezuela, de eso no hay duda, es la retaguardia de los delincuentes, en especial de las estructuras de la disidencia de la Segunda Marquetalia y del ELN. Cometen fechorías y pasan la frontera o simplemente ubican sus campamentos allí.

Por eso hay preocupación debido al anuncio del restablecimiento de relaciones con el régimen de Nicolás Maduro, sin ningún tipo de cuestionamiento o compromiso frente a la complicidad fronteriza. Por el contrario, Velásquez aseguró que servirá de canal para que se puedan restablecer las relaciones lo más pronto posible.

Otro de los anuncios que más ha hecho mella, ya que puede destapar grandes irregularidades en el sector defensa, es la decisión de ponerle lupa a la cooperación internacional que entregan a Colombia otros países, especialmente Estados Unidos. Esto implica una revisión de los gastos reservados, una caja de Pandora. Petro, además, plantea disminuir los programas de cooperación para entrenamiento militar y limitarlos, al máximo, a tareas de capacitación.

El Gobierno electo aseguró que se revisará cómo es la circulación de ese dinero, en qué se utiliza y si tiene que ver con la seguridad nacional del país, argumento para no hacer pública la información. Pero algo cuyo desarrollo aún se mantiene en silencio, pese a las preguntas, es el anuncio de que la bandera de la nueva administración en el sector defensa será atacar la corrupción, lo que incluiría revisar el patrimonio de los altos mandos.

Negociaciones

Otro aspecto no menos importante, a partir de este domingo 7 de agosto, es la política de defensa nacional que debe entregar el nuevo Gobierno para atacar a los grupos criminales –disidencias de las Farc, ELN, Clan del Golfo y otras estructuras de crimen organizado y urbano–, que pueden llegar a sumar más de 10.000 hombres en armas.

Para los miembros de la fuerza pública, hay incertidumbre sobre el futuro de las operaciones en curso. Se encuentran a la espera de los lineamientos del nuevo ministro y del Gobierno nacional entrante, que anunció negociaciones de paz con estructuras que siguen atacando sin piedad y han dejado decenas de muertos entre civiles y especialmente policías, en medio del terrorífico plan pistola, que ya cuenta casi 40 muertos.

Para el caso del ELN, se notificó que se reiniciarán los diálogos de paz suspendidos en el Gobierno Duque, mientras que para las estructuras restantes habrá sometimiento. Allí las fuerzas no saben si deben frenar sus operaciones o mantenerlas con mayor intensidad.

Lo real es que los cambios no serán inmediatos, como lo promulgó a los cuatro vientos el hoy presidente Gustavo Petro en campaña. Las reformas propuestas están en el papel y algunas tendrán que ser convertidas en leyes, como las facultades extraordinarias para reformar el Estado, que le permitirán al nuevo Gobierno llevar a cabo los cambios que plantea.

En voz baja, como es obvio, porque como uniformados no pueden opinar sobre lo que viene, tanto en la Policía como en las Fuerzas Militares les preocupa lo que un general señaló como “presunción de culpabilidad”, pues consideran que ahora son ellos los acusados, y eso comienza en la cúpula: desde el presidente Petro y su ministro Velásquez.

El mismo general le dijo a SEMANA: “Que vengan, que revisen, que entiendan. Esto de mantenerse peleando contra ilegales en defensa de la patria es difícil. No es lo mismo estar al frente del cañón que señalar cuando se es opositor”.