SEMANA reveló la presunta violación contra una joven llamada Patricia* por parte de un compañero de la Universidad del Rosario, en un caso que desde un principio se ha traducido en una continua revictimización, tanto por parte de la universidad que no tomó decisiones de fondo, como en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, donde fue denunciada la fiscal que recibió el caso y no le dio el trámite. Hasta el sol de hoy no ha pasado nada.
Se trata de Mónica Liliana Vergara, quien hoy es la fiscal 384 de hurtos en Bogotá, pero para la época de los hechos, mayo del 2025, era la encargada de la URI de Usaquén. Allá llegó la denuncia de Patricia, quien, luego de los hechos, con pruebas en mano y su desgarrador relato, presentó la acusación.
Vergara fue denunciada ante la Comisión de Disciplina Judicial el 22 de junio de 2025 (ver imagen), le correspondió al despacho del magistrado Gustavo Adolfo Castro Capera, y desde entonces el proceso ha dormido el sueño de los justos.
Pese a ser fiscal, estar plenamente identificada, tener su correo y sus datos, a Mónica Liliana Vergara fue imposible notificarla y tocó hacerlo por edicto desde el 12 de septiembre de 2025, pero tampoco ha pasado nada, pese a la prioridad que debe tener un caso de violación. Vergara, quien parece imposible de localizar, sí se ha presentado a otras audiencias en su condición de fiscal.
Por eso, el pasado 7 de septiembre, Enrique, el papá de Patricia, quien además es abogado, pidió una ampliación de denuncia y, por medio de un memorial, reclamó por la inacción en la Comisión de Disciplina Judicial.
“Acudo ante sus despachos para poner de presente una situación que considero vulnera los principios de equidad, celeridad y la aplicación del enfoque de género que impera en la administración de justicia cuando se investigan delitos de violencia sexual”, se lee en el documento.
El asunto es así, ese 13 de mayo de 2025, luego de la presunta violación por parte de su compañero de universidad y supuesto amigo, Diego Alejandro Rivera, Patricia, Enrique (su papá) y su mejor amigo fueron hasta la URI a presentar la denuncia. No le permitieron entrar acompañada, pero se llenó de valentía, dio su crudo relato y se dirigió a la clínica.
Al siguiente día, Enrique, su papá, fue a averiguar por la denuncia que habían interpuesto por el delicadísimo caso de presunta violación y no había nada, la denuncia no existía, se había perdido.
Enrique, molesto, advirtió que no se iba del lugar hasta que apareciera la denuncia o hasta que la persona a cargo pusiera la cara.
Ahí aparece la fiscal Vergara, quien estaba a cargo y, ante el garrafal error, le iba a “ayudar” y ella misma iba a adelantar los actos urgentes. Patricia, con pruebas en mano, la vergüenza que sentía por lo ocurrido, luego de exámenes médicos y con una fuerte depresión, tomó fuerzas para presentar la acusación y tuvo que contar de nuevo su tragedia.
Las pruebas, la demoledora narración y las leyes obligaban a la fiscal Vergara a tomar acciones. A eso se comprometió con Patricia y con sus abogados, al punto de que afirmó que el presunto abusador sexual iba a ser imputado y pediría medida de aseguramiento.
Eso nunca pasó. La fiscal Mónica Vergara imputó los cargos, pero no pidió la medida de aseguramiento. El asunto no fue menor: impactó a Patricia, quien, nuevamente victimizada, sacó fuerzas para reclamar por este hecho en un memorial.
“Me dirijo a su despacho para manifestarle que usted me falló el día de ayer, me engañó, me informó que iba a solicitar la imposición de la medida de aseguramiento, en ningún momento me dijo que iba a desistir de la misma, ya no le creo (…) tengo miedo, estoy asustada y no creo en sus palabras y ni en esa URI, donde embolataron mi denuncia”, se lee en la queja de Patricia.
La denuncia contra la fiscal Vergara
El asunto no quedó ahí, la fiscal Vergara fue denunciada ante la Comisión de Disciplina Judicial. La denuncia, como se señaló, fue radicada el 22 de julio del año pasado, hace más de un año, y pese a tratarse de un caso de violación de una joven, que requiere prioridad, no ha pasado absolutamente nada.
SEMANA se comunicó con la fiscal Vergara, quien afirmó que “sí conozco el caso, pero creo que las personas que le están dando la información le están dando la información equivocada. En este proceso disciplinario yo he asistido a todas las citaciones. Esa es la información que le puedo dar; puede verificar en la página de la rama judicial”.
Sobre el compromiso con Patricia* de apoyarla en el proceso judicial y la prioridad que representa un caso de una violación, indicó “que todos los procesos que conozco en la entidad guardan y tienen esa reserva. Lo único que puedo decir es que todas las decisiones que tomo son en derecho y conforme a la Constitución y al Código Penal”.
SEMANA se comunicó también con la magistrada Paulina Canosa, presidenta de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, para indagar por qué no se ha movido una hoja de este caso cuando, por tratarse de un hecho relacionado con una violación, debería ser prioritario. Se le escribió por WhatsApp, saludó y, al plantearle el tema, no volvió a responder.