Ernesto Serrano, cofundador y accionista mayoritario histórico del conglomerado, sostiene una batalla legal con su sobrino, Guillermo Serrano, por el control de Mac Pollo y de la matriz AVSA S.A. El enfrentamiento incluye reclamos por decisiones adoptadas sin su consentimiento, objeciones sobre la composición accionaria y cuestionamientos a la administración, lo que ha llevado a que la controversia escale ante la Superintendencia de Sociedades y la Fiscalía.
Se trata de una pelea familiar de muchos quilates, pues Mac Pollo es una de las empresas más emblemáticas del país y la líder en lo que a comercio de pollos se refiere. La pelea entre tío y sobrino dejó de ser un desacuerdo privado y se convirtió en un caso de interés público que revela tensiones profundas en el gobierno corporativo de una compañía multimillonaria.
Esta disputa entró en un punto crítico. Nuevos documentos y decisiones judiciales exponen inconsistencias que han puesto en duda la transparencia del manejo corporativo bajo el bloque mayoritario liderado por Guillermo Serrano Liévano.
El conflicto estalló tras la asamblea del 11 de marzo, cuando al fundador Ernesto Serrano —titular del 47 % de las acciones— se le negó el acceso a los estados financieros antes de su aprobación, un hecho que expertos consideran incompatible con su derecho de información como socio.
A este episodio se suman objeciones de la Cámara de Comercio de Bogotá por irregularidades en actas. Tuvimos acceso a un informe forense de Alianza CFC, el cual puso sobre la mesa un punto especialmente grave: la fotografía accionaria del grupo nunca ha sido coherente, ni en 1997 ni en los años recientes.
Al analizar la Escritura Pública 7960 de ese año, los peritos encontraron que William Serrano Pinto se atribuyó un porcentaje accionario mayor que Ernesto Serrano pese a tener menos acciones, un hecho que desafía cualquier explicación administrativa o contable. Mientras Ernesto poseía 34.548.715 acciones, William tenía 32.450.320, pero en el documento oficial William aparece con un 43,66 %, porcentaje matemáticamente imposible y muy por encima del 36 % que realmente le correspondía.
Ese desbalance histórico se refleja en el presente: la Cámara de Comercio de Bogotá rechaza año tras año el registro de actas por una diferencia constante de más de 1.400.000 acciones, un desfase que no se ha logrado explicar y que sigue afectando la transparencia, la validez de las decisiones sociales y la estructura real de control del conglomerado.
En medio de este panorama, la Corte Suprema de Justicia negó la tutela con la que Guillermo Serrano buscaba frenar la práctica de pruebas en el litigio. Con esa decisión, avanzan las pericias, las exhibiciones documentales y la reconstrucción del historial accionario. A ello se suma una orden de la Superintendencia de Sociedades para que todos los accionistas actúen como “controlantes conjuntos”, medida adoptada frente a las irregularidades denunciadas.
El análisis de Supersociedades reveló además una contradicción significativa. Aunque los Serrano Liévano han dicho públicamente que no controlan Poultry, el expediente contiene información que muestra lo contrario.
La delegatura hizo una clara observación sobre María Victoria Liévano de Serrano, mamá de Guillermo Serrano Liévano: “Para el Despacho resulta muy extraño que la beneficiaria final no conozca los nombres de los accionistas de la sociedad extranjera Poultry and Foods International Corporation (Panamá). No obstante, ese supuesto desconocimiento no afecta la estructura de control que se declara en esta resolución”. Esta frase confirma que la autoridad encontró inconsistencias en la versión presentada por la rama controlante.
Para Ernesto Serrano, estas conclusiones confirman un patrón: nunca ha recibido información completa sobre Poultry, pese a que esta sociedad participa en compañías clave del conglomerado.
Esa falta de acceso reproduce la misma asimetría informativa denunciada dentro de AVSA S.A. y profundiza las dudas sobre la transparencia del gobierno corporativo. Su defensa insiste en que este ocultamiento afecta directamente sus derechos como fundador y accionista relevante.
La situación se agrava con el expediente en Panamá, donde avanza un proceso para impugnar actos societarios de Poultry. Los peritos del Juzgado Décimo Tercero concluyeron que no existen documentos que acrediten aportes de capital, distribución original de acciones ni un libro de registro accionarial.
También cuestionaron la validez de los poderes otorgados a Bernardo Escallón entre 2014 y 2018, pues no hay evidencia de que la junta directiva los hubiese autorizado ni de que el apoderado hubiera actuado formalmente con ellos, pese a su participación permanente en asambleas del grupo en Colombia.
A raíz de estos vacíos documentales, la justicia panameña expidió una carta rogatoria para que Colombia interrogue a Escallón. Los hallazgos —libros societarios inexistentes, poderes sin autorización acreditada y representación sin trazabilidad— se suman al cúmulo de inconsistencias detectadas en Colombia y configuran un escenario transnacional que exige aclaraciones urgentes.
Para el abogado Mauricio Pava Lugo, lo que está en juego es la seguridad jurídica del conglomerado: “Ernesto Serrano solo pide transparencia y acceso a la información”.
La Fiscalía ya ha ordenado pruebas no solo para establecer lo sucedido con las actas manipuladas, sino una cooperación internacional con las autoridades panameñas en el marco de la convención contra la corrupción. Asuntos que se estarán moviendo en este 2026 que apenas empieza.
SEMANA se comunicó con el abogado Juan Fernando Bechara, quien defiende los intereses del sector representado por Guillermo Serrano, actual controlante y quien sería el beneficiado de las irregularidades denunciadas. Sin embargo, prefirió no dar declaraciones.
“No estoy autorizado para dar información sobre este tema”, respondió a este medio el jurista Bechara.
A estas alertas se suma el cargo de Guillermo Serrano en Fenavi, entidad que administra recursos parafiscales bajo supervisión de la Contraloría. Aunque no existe una investigación formal, expertos advierten que la superposición de su rol gremial con las disputas societarias podría plantear conflictos de interés y obliga a reforzar los estándares de transparencia.
El pulso familiar por Mac Pollo ya no es un asunto privado: sus efectos empiezan a tocar la confianza institucional y la gobernanza de una de las empresas más emblemáticas del país.
