Este viernes, a la fiscalía llegó una denuncia inédita. La interpuso la Alcaldía de Claudia López, por medio de TransMilenio, contra las acciones de un grupo que los bogotanos conocieron durante el paro que sacudió al país: la primera línea. Los cargos: terrorismo y amenazas. La entidad narra cómo, desde el pasado 28 de abril, el sistema de transporte público de la ciudad se convirtió en “blanco” de “ataques sistemáticos y estratégicos”. Y alerta que todo se agravó el pasado 24 de junio.
Ese día, en Instagram se difundió un comunicado en el que amenazaban al sistema, a sus funcionarios y a usuarios. Volvía viral una información tan falsa como peligrosa: que TransMilenio prestaba sus instalaciones para encubrir los atropellos de la Policía, incluyendo un asesinato. Los mensajes en redes advertían: “Los manifestantes estamos dispuestos a atacar contra los buses y contra las personas que estén dentro de los articulados”.
Esas mentiras pueden generar un tsunami. En el pasado, los manifestantes destruyeron un CAI por una falsa cadena que decía que allí habían violado a una mujer, algo que no sucedió. Otra noche atacaron 16 ambulancias porque en Twitter decían que llevaban dentro policías.
SEMANA habló con los investigadores que les han seguido el rastro. Aclaran que no toda su actividad es irregular, pero investigan si grupos armados están detrás de alguna manera. Se habla de una posible infiltración de disidencias de las Farc y del ELN. Las autoridades tienen detectados seis puntos en la ciudad donde operarían sus “escuelas de formación”. Allí, les enseñarían a armar bombas y a repeler ataques del Esmad. Algunos operan en bodegas, otros en casas o en parques.
En Bogotá no habría solo una primera línea. La ciudad estaría dividida en tres ejes: Engativá y Suba, Patio Bonito (que estaría tras la operación en el Portal de las Américas) y Usme. Habría una meta de destruir 400 buses de TransMilenio y la estrategia usada en redes, que se aplicó en Suba, podría replicarse en otros portales. Los jóvenes, a su vez, estarían divididos en cinco grupos: los escudos que van al frente, los que se encargan de lanzar las bombas molotov, un grupo de apoyo que pasa suministros, los paramédicos y los que prestan refugio y alimentos.
Otra pista que siguen las autoridades es el dinero. Al igual que ha sucedido en Cali, se investiga quién los financia. Las autoridades tienen registrado cómo les entregan efectivo e incluso drogas. SEMANA conoció algunos de esos videos.
Y eso abre otro debate. ¿Es esta financiación un delito? La controversia está abierta. El senador Gustavo Bolívar ha sido denunciado por abrir una Vaki para financiar a la primera línea. “Sería un honor ser condenado por esta causa”, dijo al contar que tenía procesos en la Procuraduría y la Corte Suprema. “Es un delito penal la financiación de grupos ilegales y delincuencia organizada. Tienen que empezar los procesos contra quienes han financiado el vandalismo que ahora se torna en terrorismo”, le dijo la senadora Paloma Valencia a Vicky Dávila.
TransMilenio pide la ejecución de actos urgentes de protección a la ciudadanía y a sus funcionarios. La alcaldesa Claudia López dijo que rechaza “cualquier forma de violencia”. Y le pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que proteja los derechos de las mayorías y judicialice a las minorías violentas. “Nadie tiene por qué perder un ojo o su vida en un acto de abuso, pero tampoco nadie puede arrogarse la capacidad de destruir los bienes públicos. Eso es inadmisible”. Se espera que las investigaciones esclarezcan lo que realmente es la “primera línea” y lo que está pasando.