Inseguridad

Colombia es el segundo país con mayor criminalidad organizada en el mundo, según indicadores; así golpea la economía

El costo del crimen equivale al 3,6 % del PIB, según estimaciones.

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22 de abril de 2026 a las 2:09 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia. Foto: Getty Images

La inseguridad en Colombia dejó de ser solo un asunto de orden público. Hoy se perfila como un freno estructural para la inversión, la productividad y el crecimiento.

Ese es el punto de partida del análisis más reciente de Corficolombiana, que advierte que la expansión del crimen organizado ya no afecta únicamente la vida cotidiana de los ciudadanos, sino también el funcionamiento mismo de la economía. No es menor: el país aparece en el segundo lugar mundial en criminalidad organizada, solo por detrás de Myanmar, según el Global Organized Crime Index 2025.

El deterioro es visible en varios frentes. El Global Terrorism Index 2026 ubicó a Colombia dentro del grupo de los 10 países más afectados por terrorismo en 2025, en su peor posición desde 2013. Según ese reporte, los atentados aumentaron cerca de 47 % y las muertes asociadas crecieron 70 %.

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Al mismo tiempo, la Fundación Ideas para la Paz advirtió que los grupos armados ya rondan los 27.000 integrantes, más de cuatro veces los cerca de 6.000 registrados en 2017, mientras las disputas entre estructuras ilegales marcaron un máximo de la última década.

A esa presión se suman delitos que golpean directamente la actividad productiva. El editorial de Corficolombiana resalta que la extorsión acumula un incremento de más de 800 % frente a 2010, mientras el secuestro repuntó con fuerza en 2025.

Allí se citan 698 víctimas de secuestro, 1.391 hechos de terrorismo y 13.726 homicidios durante el año pasado. Aunque algunos indicadores mostraron alivios puntuales, la conclusión es que los niveles de violencia siguen siendo estructuralmente altos y con capacidad de adaptación territorial.

Lo más delicado es dónde ocurre. La inseguridad se concentra en Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá, Meta, Norte de Santander, Cauca, Nariño y Arauca, territorios que también pesan de manera decisiva en el aparato productivo nacional.

Solo Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Meta han concentrado más de una tercera parte del PIB del país en la última década, recuerda el análisis. Es decir, el crimen no está creciendo en la periferia económica: está golpeando nodos donde se produce, se transporta y se invierte.

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La dimensión humanitaria también se agravó, United Nations OCHA reportó que en 2025 más de 1,6 millones de personas fueron afectadas por el conflicto y la violencia, más de tres veces la cifra de 2024.

Además, se registraron 416 eventos de restricciones al acceso humanitario. En el primer trimestre de 2026 ya se contabilizaban cerca de 160.000 personas afectadas y 8.700 víctimas de desplazamiento forzado. Indepaz, por su parte, ha alertado por la persistencia de asesinatos de líderes sociales: 187 en 2025 y 41 más hasta abril de 2026.

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Los territorios más productivos concentran los mayores niveles de inseguridad. Foto: Adobe Stock

La expansión de las economías ilícitas explica parte del deterioro. Indepaz registró que los cultivos de coca pasaron de 142.000 hectáreas en 2020 a más de 253.000 en 2023, un máximo histórico reciente que, según las estimaciones citadas, se habría estabilizado en 2024 y 2025, aunque todavía en niveles extraordinariamente altos.

Esa economía ilegal no solo financia estructuras armadas: también desplaza actividades legales y distorsiona los mercados.

El impacto económico ya es medible. Un estudio del BID y Fedesarrollo estimó que el costo del crimen y la violencia en Colombia equivalió a 3,6 % del PIB en 2022, uno de los más altos de la región.

El análisis también recuerda que, según el FMI, aumentos sostenidos en homicidios reducen la actividad económica local, mientras una caída significativa de la violencia podría traducirse en más crecimiento.

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Por eso, la discusión ya no puede limitarse al pie de fuerza. La tesis de Corficolombiana es que la seguridad debe asumirse como condición habilitante del desarrollo: con presencia estatal en corredores productivos, ataque a las economías ilegales, protección de infraestructura, reforma judicial y coordinación con la política económica.

Mientras la criminalidad siga instalada en los territorios donde se genera valor, Colombia seguirá pagando una factura silenciosa, pero cada vez más costosa, en inversión, competitividad y crecimiento.