La eliminación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue una de las propuestas más fuertes e intensas que hizo durante la campaña presidencial Abelardo De La Espriella. Para el ahora presidente electo, dicho tribunal, creado tras la firma del Acuerdo de Paz en el 2016, no ha tenido mayores efectos en la búsqueda de la verdad y la reparación de las víctimas de la guerrilla de las Farc.
Por esto, en varias de sus intervenciones públicas y entrevistas a medios de comunicación, De La Espriella manifestó la necesidad de tomar una decisión trascendental sobre la entrega de dineros del Estado a la JEP para su funcionamiento y labores.
La propuesta sigue sobre la mesa y es uno de los puntos centrales del equipo de empalme que fue designado recientemente por el presidente electo con el fin de revisar muy bien el uso de estos recursos públicos.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, respondió a los cuestionamientos de distintos sectores por los supuestos “fallos benévolos” con exguerrilleros de las Farc. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/1O7iuMXRFR
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Mientras tanto, en medio de la rueda de prensa en la cual se notificó la decisión de ratificar la sanción contra los siete últimos excomandantes del Secretariado de las Farc que siguen acogidos al Acuerdo de Paz, el magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, de la JEP, se refirió al papel del Gobierno en lo que sigue.
Para el magistrado, quien es presidente de la Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la emisión de sanciones definitivas por parte de este Tribunal le genera una obligación al Estado para que lo dispuesto ahí se cumpla al pie de la letra.
“La efectividad de la sanción propia impone al Gobierno nacional y a sus entidades el deber de apropiar los recursos presupuestales necesarios y garantizar operativamente la ejecución de los proyectos restaurativos determinados, las sanciones propias”, enfatizó.
En este punto hizo un comparativo entre las sentencias que se emiten en la justicia transicional y las que realiza la justicia ordinaria para el cumplimiento de los fallos.
La JEP dejó en firme la sanción contra los ocho integrantes del último Secretariado de las Farc por secuestros de integrantes de la Fuerza Pública y civiles durante el conflicto armado. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/m6IYT6kDGx
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“De la misma forma que la justicia penal ordinaria demanda del Gobierno la creación, gestión y puesta a disposición de cupos carcelarios, en la justicia transicional el Gobierno debe disponer lo necesario para que los responsables de crímenes graves desarrollen los trabajos y tareas en favor de las víctimas”, indicó el magistrado.
“De lo contrario, la sanción deja de ser efectiva y se vulneran los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, y el Estado deja impunes crímenes de guerra y lesa humanidad, con lo que además se compromete su responsabilidad internacional”, añadió.
Por lo que tanto, los fallos que este primero de julio ratificó, de manera independiente, las sanciones contra los excomandantes de las Farc y contra doce exintegrantes del Batallón La Popa por su participación en un centenar de ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2005, ya fueron enviadas a organismos internacionales para su conocimiento.
“Estas dos sentencias se comunican tanto al presidente como al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), justamente con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones y deberes que se derivan para el Estado colombiano de enjuiciar, sancionar y buscar la ejecución de las sentencias contra los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad, y sobre el particular existen compromisos que efectivamente deberán ser cumplidos por el Gobierno frente a estas instancias internacionales”, precisó.