El 9 de mayo de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió para su estudio la demanda que pedía tumbar la resolución mediante la cual el Gobierno Petro había dado vía libre para unos diálogos con la Segunda Marquetalia, conformada por Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez.

En la acción judicial, radicada por la Fundación para el Estado del Derecho, se advertía que Iván Márquez —quien según inteligencia militar se encontraba en Venezuela— había continuado delinquiendo, ordenando atentados contra integrantes de la Fuerza Militar y la ciudadanía.
En esa oportunidad, el alto tribunal rechazó imponer la medida cautelar de urgencia solicitada por la parte demandante, considerando que no existía una justificación para suspender la mencionada resolución.
“Los fundamentos expuestos por la parte actora no justifican la urgencia para suspender provisionalmente los efectos de la resolución atacada, por cuanto no demostró la situación inminente que requiere ser evitada inmediata”, señala la decisión firmada por el magistrado Oswaldo Giraldo López.

Pese a esto, el expediente judicial no ha tenido movimiento alguno durante casi dos años. En el Sistema de Gestión Judicial (Samai) se puede verificar que el 17 de julio de 2024 se presentó el último movimiento mediante un traslado a la Presidencia de la República y los otros intervinientes, con el fin que respondieran los hechos demandados.
Desde la Fundación para el Estado de Derecho se reclamó que la resolución representa una clara y constante violación a la Constitución Política. “Se envía un mensaje peligroso: incumplir el Acuerdo de Paz no tiene consecuencias reales”.

El hecho de que la Segunda Marquetalia estuviera conformada por varios exjefes de las Farc que suscribieron el Acuerdo de Paz para luego rearmarse representa una clara vulneración a los principios constitucionales y legales.
“El Gobierno no podía tratar como interlocutor político a un grupo compuesto por personas que ya habían firmado la paz y vuelto a las armas”, replicaron al citar la Ley 2272, que impide acceder a la justicia transicional o a nuevas negociaciones políticas en este tipo de escenarios.
El atentado contra Miguel Uribe Turbay
El debate cobra aún más vigencia tras la revelación exclusiva de SEMANA frente a la participación directa de la Segunda Marquetalia en el atentado sicarial que le costó la vida al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, registrado el 7 de junio de 2025.

“El grupo que ordenó el atentado en contra del senador Miguel Uribe fue la Segunda Marquetalia”, indicó Simeone Pérez Marroquín, alias el Viejo, ante la Fiscalía General.
El Viejo, quien fue pieza clave en el engranaje del plan, señaló directamente a José Manuel Sierra Sabogal, alias el Zarco Aldinever, uno de los máximos jefes de la disidencia conformada por Iván Márquez tras darle la espalda al Acuerdo de Paz firmado en el año 2026.

“Quien me informó que la Segunda Marquetalia era la que había ordenado esta operación en contra del senador Miguel Uribe fue Kendry Téllez Álvarez, alias Yako. Ante las personas en la ciudad le decíamos ‘la vuelta’, pero ante los mandos de la guerrilla es una ‘operación’”, relató el Viejo, quien fue condenado el 20 de marzo a 22 años de prisión tras firmar un preacuerdo.
“La orden que nos dieron los de arriba, me refiero a la gente de la Segunda Marquetalia (...), es que se tenía que ejecutar sí o sí”, señaló el disidente, dejando claro que la planeación y ejecución del atentado fue revisada por la Segunda Marquetalia.
