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Las pruebas que ha ordenado la Procuraduría en cárcel de Tuluá, tras incendio que dejó 51 muertos

En este caso, la jefe del ministerio público, Margarita Cabello, nombró un delegado para verificar la situación en ese municipio del Valle del Cauca.


Una verdadera tragedia vive Tuluá. 51 personas murieron en la cárcel de ese municipio del Valle del Cauca, tras un incendio que terminó dejando dolor y desolación en decenas de familias.

Precisamente, en la segunda jornada de recolección de información y material probatorio que se cumple este miércoles -29 de junio-, en desarrollo de la indagación previa por el incendio en la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Tuluá que se generó en la madrugada del 28 de junio, la Procuraduría General de la Nación recibió testimonios de nueve personas privadas de la libertad, cinco integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia y del director del establecimiento.

Después de conocerse que fueron 51 personas las que fallecieron en un intento de motín, en la madrugada de este 28 de junio, las autoridades han ido suministrando detalles de lo sucedido. Indicaron que una riña entre dos capos de la cárcel de Tuluá (Valle) fue el detonante para el incendio que se presentó en el centro de reclusión.

En este caso, la comisión enviada por la Procuradora General, Margarita Cabello Blanco, recorrió las instalaciones del centro penitenciario y escuchó las inquietudes de los internos sobre las necesidades de atención médica y psicológica, de apoyo jurídico y de elementos de primera necesidad (ropa, elementos de aseo, colchonetas) que les permitan superar la contingencia.

En este sentido, el Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, hizo un llamado urgente a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), y a las autoridades municipales y departamentales para que tomen medidas inmediatas que fortalezcan la atención médica y psicosocial de las personas afectadas por la tragedia.

Finalmente, la Procuraduría solicitó a las autoridades penitenciarias y carcelarias que revisen, actualicen y/o adopten planes de contingencia en los 128 establecimientos de reclusión del orden nacional y tomen las medidas necesarias para que la lamentable situación presentada en Tuluá no vuelva a ocurrir.

Tensión y enfrentamientos con el Esmad

Frente al desespero y la inconformidad con las versiones que ha entregado el Inpec sobre el origen del incidente, los familiares se enfrentaron al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional, luego de que no les permitieran el ingreso a la cárcel.

“Asesinos, asesinos. Necesitamos justicia, justicia, justicia”, gritaron los allegados que arribaron a la entrada principal del centro de reclusión con palos. Mientras que otros trataron de calmarlos.

En imágenes registradas se observa la furia de las personas: llegaron a golpear las puertas con el fin de entrar al pabellón donde ocurrieron los hechos. Una de las ventanas donde atienden los guardias fue afectada.

La Procuraduría seguirá adelanta con las pesquisas para determinar qué responsabilidades hay en estos hechos.