La defensa de la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz, investigada dentro del escándalo por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), ha manifestado su preocupación por lo que considera podría ser un intento de obstaculizar la solicitud de libertad por vencimiento de términos que será resuelta el próximo jueves.
Ortiz, quien es conocida como “la mensajera” por haber sido, supuestamente, la encargada de entregar 3.000 millones de pesos en efectivo a Iván Name, para que este ayudara con el trámite de las reformas del gobierno y respaldara la elección de Vladímir Fernández, entonces secretario jurídico de la Presidencia de la República, como magistrado de la Corte Constitucional.
La exconsejera está detenida desde diciembre de 2024, y su defensa, en cabeza del abogado penalista Mauricio Camacho, sostiene que debe recuperar la libertad, por un asunto simple: han pasado más de 240 días desde que fue radicado el escrito de acusación contra Sandra Ortiz, el juicio no ha empezado y, de acuerdo con el Código Penal, debería poderse defender en libertad.
¿Movidas extrañas?
Camacho solicitó la libertad de Ortiz desde el miércoles pasado, pero en la audiencia no hubo decisión de fondo y la magistrada aplazó la decisión para el próximo jueves. Hasta ahí todo normal, pero esta semana hubo una diligencia que ha dejado dudas.
De forma paralela a la solicitud de libertad, la defensa de Ortiz ha solicitado la preclusión de este caso. El asunto no había avanzado, pero el viernes, de forma inesperada, se realizó la citación para esta solicitud. La decisión fue que no había preclusión y el caso seguía; sin embargo, hubo un factor que llamó la atención de su defensa y que, advierten, puede usarse para frenar una eventual liberación de la exconsejera para las regiones.
Señala el abogado Camacho algunos aspectos que son, por decir lo menos, “llamativos”, y que pueden afectar a su clienta, ahora que busca su libertad justo cuando el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla acaba de ser dejado libre, por un inexplicable error de la Fiscalía General de la Nación que radicó tarde el escrito de acusación en su contra.
“De manera inusitada, llamativa, la Sala del Tribunal de Bogotá convocó el viernes a las 3 de la tarde audiencia a decisión que desataba una petición de preclusión, que había sido negada a la defensa de Sandra Ortiz. Citó a las partes a las 2:40 para audiencia a las 3, sin mandar citaciones, simplemente los correos electrónicos”, contó el abogado Camacho.
Pero ese no es el asunto que prendió las alarmas; al tomar la decisión, el magistrado calificó lo ocurrido, según la defensa, como “una maniobra dilatoria”, lo que podría afectar la solicitud de libertad.
“Si se califica la actividad de la defensa de dilatoria, se ve una clarísima intención de que la Fiscalía, en la audiencia que se reanudará el jueves (la de libertad), utilice esa decisión para que con esa calificación de dilatoria se le castigue a Sandra y se le resten los días que se utilizó la defensa en la petición de la preclusión y por esa vía nuevamente se le niegue el derecho a la libertad”, explicó el abogado Camacho.
El asunto es claro: si un juez considera una maniobra de la defensa como “dilatoria”, los días que se emplean para solucionar ese trámite se descuentan para una eventual libertad por vencimiento de términos. En el caso de Sandra Ortiz, se podría tomar como argumento para negar la solicitud.
¿Otro vicio?
Pero el asunto va más allá y será objeto de debate; la sorpresiva audiencia del viernes debió contar con la decisión final de tres magistrados, como debe hacerse en el Tribunal. En esta ocasión, la decisión fue tomada por dos magistrados, y el tercero fue reseñado con un sello de “ausencia justificada”.
“Si la decisión se hizo el mismo 10 de abril, el acta que aprueba la decisión se hizo el mismo 10 de abril, los correos se enviaron el mismo 10 de abril, la decisión se lee el mismo 10 de abril, ¿cómo hizo una magistrada para aprobar esa decisión si estaba con ausencia justificada?”, cuestionó el abogado Camacho.
El precedente de la libertad de Bonilla, con error de la Fiscalía incluido, es un hecho; la defensa del exministro de Interior Luis Fernando Velasco solicitará la misma medida; ahora la duda es si hay algún interés particular en el caso de Ortiz. El jueves se dictará la última palabra.