La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio al alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, por supuestos cobros indebidos y resoluciones contrarias a la ley. En el mismo expediente judicial se incluyó al ciudadano Juan Camilo Sánchez Torres, a quien se le atribuye participar en las solicitudes económicas ilegales.
Los reportes del ente acusador indican que, el 8 de junio de 2025, el funcionario le habría ordenado a la encargada de una firma de inversiones incorporar a Sánchez a su equipo de trabajo. La función del particular era tramitar autorizaciones ante la administración, recibiendo pagos por 48 millones de pesos durante casi un año.
El expediente también consigna que, el pasado 4 de marzo de 2026, Gamboa Chaparro usó notas de audio para pedirle a la inversionista 112 millones de pesos. Ese dinero representaba el 20% del costo total de una modificación en el permiso de obra, un requerimiento que el funcionario retiró del debate días después.
Sanciones administrativas derivadas del caso
A pesar del retiro de la exigencia económica, el mandatario firmó una norma local que modificó el trámite de la obra. La Fiscalía General de la Nación determinó que esta resolución buscaba castigar a la empresaria por no entregar los dineros pedidos inicialmente, configurando un presunto uso indebido de sus funciones.
A raíz de esta decisión del despacho del alcalde, la Secretaría de Planeación del municipio negó la extensión del permiso para la edificación. Al mismo tiempo, la Inspección de Convivencia local sancionó a los encargados del proyecto con una multa económica que ascendió a los 232 millones de pesos.
Segunda investigación por anomalías contractuales
Por otra parte, la Seccional Boyacá de la Fiscalía le abrió un segundo proceso al mandatario por violar las normas de contratación pública. Las autoridades judiciales le atribuyen firmar convenios sin los requisitos legales, además de omitir el régimen que prohíbe vincular a familiares de sus trabajadores.
La Fiscalía General de la Nación señaló que el funcionario contrató a Javier Alexander Múnevar González para coordinar los vehículos de obra del municipio. Los investigadores confirmaron que el contratista es hermano de la secretaria de Desarrollo Social, Ángela Johana Múnevar González, lo que generaba un impedimento de ley.
Los peritos del caso comprobaron que los análisis técnicos y de costos para este convenio se copiaron de la oferta enviada por el propio aspirante. La documentación estuvo en manos de la alcaldía dos días antes de la apertura oficial del proceso, anulando la evaluación independiente que exigen las normas del país.