La magistrada Aura Alexandra Rosero, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, definirá este jueves 18 de diciembre si avala o no la solicitud de medida de aseguramiento restrictiva de la libertad presentada por la Fiscalía General contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.
Los dos exministros de Estado fueron vinculados a este proceso penal por el direccionamiento de contratos que se presentaron en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Invías para beneficiar a un grupo de congresistas con el fin de que votaran favorablemente los proyectos presentados por el Gobierno.
En la imputación de cargos, que se celebró el pasado 1.º de diciembre, la Fiscalía citó de manera constante las declaraciones hechas por el exdirector de la UNGRD, Olmedo de Jesús López; el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla; y la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides.
Para el ente investigador, los dos exministros pueden afectar la investigación mediante la presión a testigos o una fuga, como ha ocurrido con dos exaltos funcionarios del Gobierno procesados por estos mismos hechos.
Debido a esto, pidió una medida de aseguramiento domiciliaria contra Bonilla y Velasco mientras avanza el proceso penal.
La desviación de contratos
La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia señaló que entre 2022 y 2023, los entonces ministros de Hacienda y del Interior hicieron una parte activa de una “empresa criminal” que se dedicó al desvío de millonarios contratos de obra e infraestructura para beneficiar a un grupo de senadores y representantes.
Esto con el fin de que aprobaran, tanto en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público como en las comisiones Primera y Cuarta del Senado, varios proyectos y reformas que había presentado el Ejecutivo.
“Ustedes, Luis Fernando Velasco Chávez, entonces ministro del Interior, y Ricardo Bonilla González, para la data ministro de Hacienda y Crédito Público, se concertaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas para cometer delitos contra la administración pública con el fin de asegurar las mayorías que les permitieran la aprobación de proyectos de ley del Gobierno nacional”, señaló en su momento la fiscal del caso.
La Fiscalía General les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer (entrega de sobornos a funcionarios) e interés indebido en la celebración de contratos.
Tras la pregunta de la magistrada, Bonilla y Velasco rechazaron los cargos, cuestionando la credibilidad de los testigos citados por el ente investigador.