Atención | Andrés Felipe Arias perdió batalla en la Corte Suprema por Agro Ingreso Seguro: ratifican condena de 17 años de cárcel

Después de nueve años, la Corte Suprema de Justicia emitió un nuevo fallo en contra del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias Leiva. Tras resolver un recurso de impugnación contra la sentencia que lo condenó a 17 años y cinco meses de prisión por el escándalo del programa Agro Ingreso Seguro (AIS), la Sala Penal decidió ratificar el fallo al considerar que nunca se pudo demostrar que no tuviera conocimiento en las irregularidades.

En la lectura de la sentencia, Gerson Chaverra, presidente de la Sala Penal, señaló que en el recurso de impugnación presentado por la defensa de Arias, no logró desvirtuar la responsabilidad y participación del entonces Ministro de Agricultura con la firma de convenios con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) para el manejo de los subsidios económicos que le iban a ser entregados a campesinos.

En cambio, las pruebas documentales y testimoniales reseñan que pese a estar advertido que estos recursos estaban siendo mal usados y habían llegado a familias adineradas, principalmente de la Costa Caribe, que habían fraccionado en el papel sus predios para recibir más subsidios, el entonces jefe de la cartera de Desarrollo Rural, no tomó cartas en el asunto y se siguió con la celebración del convenio, omitiendo así sus funciones.

Andrés Felipe Arias Leiva fue condenado en julio de 2014 a 17 años de prisión por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos, En otras palabras, fue condenado por el escándalo de la adjudicación de subsidios millonarios del programa de Agro Ingreso Seguro (AIS) a personas adineradas que no necesitaban estos beneficios.

El exministro, quien se encuentra con detención domiciliaria desde el pasado 23 de agosto, fue deportado de los Estados Unidos el 12 de julio de 2019, después de estar en ese país por cinco años.

Cabe recordar que la Fiscalía General le solicitó a la Corte dejar en firme la condena, al considerar que se logró demostrar, más allá de toda duda razonable, que el exjefe de la cartera de Desarrollo Rural incurriera en las irregularidades en la celebración de los contratos del programa que tenía como objetivo principal apoyar a los pequeños y medianos agricultores frente a la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos.

“Le solicito a la Sala de Decisión mantener la pena en los términos y condiciones establecidos en el fallo impugnado, frente a la evidencia que en ese proceso no se incurrió en error o desconocimiento de garantías”, precisa uno de los apartes de la petición firmada por el fiscal décimo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Carlos Mejía Abello.

En uno de los apartes del documento de 245 páginas, la Fiscalía indica que en el fallo de primera instancia se hizo “un análisis sobre la coparticipación criminal con la que habían actuado Arias Leiva, los funcionarios a su cargo, los funcionarios del IICA y los beneficiarios, quedando así demostrada la segunda circunstancias de mayor punibilidad que le fuere cuestionada al doctor Andrés Felipe Arias”.

Los subsidios que distribuía el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) ―resalta la Fiscalía― llegaron a manos de grandes empresarios que llegaron a presentar, en el papel, predios fraccionados para recibir más subsidios económicos: “La Sala concluyó que debido a su cargo de ministro de Agricultura y a la autoridad que ejercía en la cartera, conoció y estuvo al tanto de los procesos contractuales que se celebraron para la ejecución del programa AIS”.

El delegado del ente investigador señaló que durante el extenso juicio, que se extendió durante cuatro años, se demostró la teoría de la Fiscalía General frente a las múltiples irregularidades en la celebración de contratos.

Por estos mismos hechos, la Procuraduría General, en el 2011, lo destituyó e inhabilitó por 18 años para ejercer cargos público. En el documento firmado por el entonces procurador General, Alejandro Ordóñez se advirtió que Arias actuó con dolo puesto que tuvo conocimiento de las irregularidades.