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Indignante: con palos y machetes, comunidades retienen a militares, les cortaron el agua y energía en la base

Los hechos ocurrieron en Tibú, Norte de Santander, durante un operativo en que uniformados adelantaban tareas de erradicación de cultivos ilícitos.

Una delicada situación de orden público se presentó en Tibú, Norte de Santander, donde un grupo de militares fue retenido por campesinos cocaleros que se oponen a la erradicación de cultivos ilícitos. Fuentes militares confirmaron que se trata de un grupo significativo de uniformados, que fueron abordados por la comunidad, que los arrinconó para impedir que desarrollaran sus tareas.

Los hechos se presentaron en la Vereda Los Cuervos, en zona rural de Tibú, en donde al menos 300 cocaleros encerraron a los uniformados. Según fuentes militares, los campesinos amenazaron con palos, machetes y armas blancas a los militares.

De acuerdo con información preliminar, los campesinos obligaron a los militares a caminar hasta la base de Caño Indio, en Tibú en donde les han impedido su movilidad.

Según la información de militares en la zona, los hechos se presentaron en dos eventos diferentes. El segundo caso se dio en el sector de Las Palmas, en donde un grupo de al menos 150 personas, condujo a militares y policías hasta la misma base de Caño Indio y los obligó a quedarse adentro. Es de anotar que, pese a las provocaciones, los militares no entraron en confrontación con la comunidad.

El Ejército recordó que no es la primera vez que se presenta una asonada para impedir el desarrollo de las labores constitucionales de seguridad.

El caso mas reciente se presentó en el Valle del Cauca, en donde, según el Ejército, “en un trabajo coordinado, conjunto e interinstitucional con la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía y la Fiscalía, se realizaba presencia y control militar en el área rural de Jamundí, donde actualmente se encuentran activas tres alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo: 037 del 2018, 06 del 2019 y 015 del 2020, por lo cual se desplegó una operación militar para garantizar la seguridad de los habitantes de la región”.

Agregó la institución militar que, “integrantes de la comunidad, mediante un intento de asonada, de forma agresiva contra la fuerza pública atentaron contra su integridad, oponiéndose al cumplimiento del procedimiento legal que allí se realiza (presencia institucional). Ante esto, y para evitar cualquier tipo de confrontación con la población y salvaguardar los derechos humanos, las unidades se retiran del sector”.

“Esta no es la primera vez que se obstruye y detienen las acciones de las autoridades en ese sector, donde constantemente algunas personas buscan evitar el actuar legal de las instituciones. Se insta a la comunidad a no obstruir las operaciones militares ni agredir a los uniformados, ya que esto puede ser constitutivo de tipos penales, como los consagrados en los artículos 226, 429 y 469, del Código Penal Colombiano”, indicó el Ejército.

Así mismo indicó la institución castrense que, “se hace un llamado a las autoridades municipales y departamentales, para que desde sus roles y funciones adelanten las acciones legales frente a estos sucesos de hechos violentos por parte de la población civil, en cumplimiento del principio constitucional de colaboración armónica entre las instituciones”.

Los episodios con las comunidades se presentan en momentos en donde hay máxima tensión de las autoridades por la compleja situación de orden público que se viene presentando en el país, con el paro armado decretado por el Clan del Golfo. Dentro de las acciones terroristas recientes, se conoció el atentado con explosivos a una caravana que era escoltada por la fuerza pública. El caso, que se presentó en el departamento de Antioquia, dejó un soldado y un policía muertos.

Por este caso y tras reunión de seguridad en la gobernación de Antioquia, el Ministro Diego Molano anunció la recompensa de hasta 200 millones de pesos por quien suministre información que permita la captura de alias ‘Richard’, presunto autor intelectual del atentado. También ofreció hasta 100 millones de pesos por alias ‘Betancour’, otro de los autores del atentado.