Piden tumbar libertad de cinco implicados en atentado terrorista contra la Escuela General Santander

Con ocasión de la libertad otorgada por el juez 61 penal del Circuito de Bogotá a cinco investigados por el atentado contra la Escuela de Cadetes de la Policía, en el que murieron 22 cadetes y 89 personas resultaron heridas, la Procuraduría General de la Nación se opuso en su debido momento a esa solicitud, al considerar que no procedía el vencimiento de términos.

Miguel Antonio Castillo Rodríguez, Angie Lorena Solano Cortés, Andrés Felipe Oviedo Espinel, Carlos Arturo Marín Ríos y Jessica Catherine Barrientos Castilla, acusados por su participación en el atentado terrorista en la Escuela de Cadetes General Santander, registrado el 17 de enero de 2019, fueron dejados en libertad. En un fallo de segunda instancia, un juez de conocimiento determinó que se presentó vencimiento de términos en su proceso penal.

El 2 de julio de 2020, el entonces presidente, Iván Duque; el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y el fiscal general, Francisco Barbosa, anunciaron la captura de estas personas señaladas de participar en la financiación, planeación y ejecución del atentado terrorista que dejó 22 cadetes muertes y 89 personas heridas.

En este caso, el procurador judicial penal que interviene en el caso pidió en dos oportunidades negar la petición de libertad, entre otros aspectos por los plazos amplios solicitados por la defensa para verificar el descubrimiento de las pruebas, término que para el Ministerio Público resultaba excesivo y que, finalmente, afectó la duración de la etapa del juicio.

Por esa razón, un juez en primera instancia había negado esa libertad al acoger los argumentos de la Procuraduría. Sin embargo, al resolver la apelación presentada, el juez 61 penal del Circuito de Bogotá accedió a esa petición, a pesar de la oposición del Ministerio Público.

Según la investigación, Miguel Antonio Castillo Rodríguez, alias Toño, es el propietario de dos empresas de producción y distribución de quesos ubicadas en Arauca y Bogotá, que habrían servido para financiar la acción criminal. Esta persona es investigada por servir de testaferro y legalizar dineros producto de extorsiones y secuestros en Arauca y Cundinamarca.

Mientras que Andrés Felipe Oviedo Espinel, alias Jesús, fue señalado de haber recibido órdenes directas del Comando Central del ELN (COCE) para planificar las actividades criminales que condujeron al ataque con carro bomba.

Por su parte, Angie Lorena Solano Cortés, alias Maco, fue señalada de hacer acompañamiento en una motocicleta del vehículo cargado con explosivos. Labor que adelantó junto a Carlos Arturo Marín Ríos, alias Marín.

Por estos hechos, fueron llamados a juicio para que respondieran por los delitos de homicidio en persona protegida en concurso homogéneo, tentativa de homicidio en persona protegida en concurso homogéneo, terrorismo, financiamiento al terrorismo. Sin embargo, hasta el momento el proceso penal no ha dado inicio.

La primera condena

En mayo de 2022, Ricardo Andrés Carvajal fue condenado a 46 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de terrorismo agravado, homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas, y daño en bien ajeno agravado.

“Fiscales de la Seccional Bogotá y de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales demostraron que Carvajal Salgar pagó el arrendamiento de la bodega, ubicada en el barrio Santa Librada, en el sur de Bogotá, donde fue escondida y acondicionada con explosivos la camioneta utilizada para cometer el atentado, el 17 de enero de 2019″, explicó la Fiscalía al conocer la condena.

La bodega era un pequeño parqueadero ubicado en una casa de familia que fue arrendada una semana antes y en ese sitio metieron la camioneta usada en el atentado. Hasta esa bodega llevaron los explosivos y fue armado el artefacto. De esa misma casa salió la camioneta con destino a la Escuela de Policía, donde finalmente detonaron el explosivo con el desafortunado saldo de 22 cadetes muertos.

“La contundencia de las pruebas y evidencias presentadas por la Fiscalía General de la Nación fueron determinantes para que una juez especializada de Bogotá condenara a 46 años de prisión a Ricardo Andrés Carvajal Salgar, por su participación en el atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional General Francisco de Paula Santander”, señaló el delegado contra la Criminalidad Organizada, Javier García Trochez.