Nada particularmente importante ocurría dentro de los edificios Av. 100, Fuencarras y Combeima, ubicados en el norte de Bogotá, hasta inicios de 1996, cuando la firma de arquitectos Interplan compró el terreno oriental a estas edificaciones y derrumbó las tres estructuras habitacionales que se encontraban allí. Su objetivo era construir un enorme complejo de oficinas, que hoy día es conocido como el “100 Street”, donde funciona Seguros La Equidad.
El nuevo proyecto parecía ser beneficioso para los vecinos porque aumentaría la plusvalía del sector, pero en realidad se convirtió en su pesadilla. Los arquitectos, al parecer de manera negligente, omitieron cualquier tipo de medida de seguridad al momento de excavar para construir el nuevo complejo e hicieron un hoyo más profundo que las bases del edificio Av. 100, su vecino inmediato.
Wilson Sotomonte, propietario del apartamento 402 e ingeniero civil, tomó la vocería y les envió una carta a todos los propietarios el 4 de marzo de 1997, en la que les informó que el edificio estaba severamente afectado en sus cimientos. “La idea era demandar colectivamente a Interplan para poder detener la obra del lado y obligarlos a reparar los daños”, cuenta.
En ese momento la armonía de la vecindad se fue al traste, pues las ambiciones económicas se hicieron evidentes y aparecieron las primeras disputas. La administradora del edificio de ese entonces, Rosalba de Malaver, estaba supuestamente aliada con los arquitectos de la constructora y aceptó que hicieran un trabajo de pilotaje en las bases, con el objetivo de detener el hundimiento. “Yo sabía que eso no iba a servir para nada”, recuerda el ingeniero.
Y no sirvió. Cuando la torre del 100 Street se elevó, su peso inclinó de nuevo al viejo edificio de Wilson, generando un efecto dominó, pues el último se recargó en su vecino, el Fuencarras, y este a su vez en el Combeima, un desastre que afectó a todas las estructuras aledañas a la carrera novena.
Los residentes del Av. 100, ahora conocido como “el edificio torcido” presentaron en mayo de 2003 una querella ante la Alcaldía Local de Chapinero, advirtiendo sobre la amenaza de ruina de su estructura. Pidieron la intervención del entonces DPAE (Departamento de Prevención y Atención de Emergencias), pero nadie les hizo caso. En septiembre de 2004 instauraron un recurso de revocatoria de la licencia de construcción del 100 Street, medida que tampoco fue aceptada.
Ya cansados, los copropietarios de los tres edificios, construidos en 1974, decidieron vender colectivamente sus predios; todos menos Abraham Castellanos, el dueño de dos apartamentos en Fuencarras, quien se opuso a todas las propuestas económicas presentadas por las constructoras.
Castellanos era dueño de uno de los apartamentos del edificio que fue demolido para construir el 100 Street. Según Sotomonte, él no firmó el acuerdo de venta a propósito, y cuando tumbaron la edificación demandó a la constructora aduciendo desconocimiento del proyecto. Así logró que le pagaran un valor muy superior al real del apartamento. “Luego compró en Fuencarras y se confabuló con su cuñado, Ricardo Becerra, para hacer la misma jugada”, denuncia el ingeniero.
Aunque en teoría no tendría nada que ver la negociación colectiva de cada uno de los edificios, pues son predios independientes, el problema radica en que las constructoras y privados desean comprar las tres estructuras para demolerlas, pues con una o dos se presentaría el mismo problema de 1997. Intrigas y estrategias.
El relato de Wilson Sotomonte es impactante, pero supuestamente “impreciso”, según Ricardo Becerra. Asegura que los dos apartamentos, propiedad de su familia, no fueron afectados por el hundimiento del edificio Av. 100 y que el Fuencarras se encuentra en perfecto estado. “Nosotros no estamos haciendo ninguna jugada. Compramos de buena fe aquí porque siempre hemos vivido en el sector”, asegura. Becerra y su familia dicen haber sido presionados sistemáticamente por sus vecinos durante años, buscando que accedan a vender.
Directamente señaló a Francisco González, a Laura García y a César Ruiz, propietarios de tres apartamentos en Fuencarras, como los “estrategas” detrás de dicho acoso y los acusó de estar confabulados con la constructora que actualmente quiere hacerse con el predio.
El caso de Laura es particular, pues su inmueble, el 103, es el centro de la polémica. Dicho apartamento tiene una terraza interna que resultó afectada por la excavación de otro proyecto, el Heights 99. Becerra indica que ella acordó con los otros vecinos para vender todo el edificio, pero él y su cuñado no estuvieron de acuerdo. “Entonces lo que hizo fue dejar el inmueble abandonado para que se cayera a pedazos por la humedad y que afectara más la estructura, para presionar la transacción”, asegura.
SEMANA ingresó al citado apartamento, el cual se encuentra en un estado deplorable: los marcos de las ventanas están aplastados por el peso del edificio; los vidrios, rotos y los ladrillos sobresalen de las paredes. El muro de la terraza se sostiene apenas con un improvisado andamiaje hecho con maderos viejos. “Ese apartamento lleva así más de dos décadas, los dueños nunca le hacen mantenimiento y se niegan a permitir que podamos entrar para arreglar los muros colindantes”, denuncia el vecino.
Laura niega las acusaciones, pues dice que no es solo la terraza la resquebrajada, sino que los muros también comenzaron a ceder. El arreglo le correspondía a la copropiedad, pero el dinero debía provenir de una demanda contra Heights 99. Contrataron a un abogado para que llevara el proceso, pero al no ponerse de acuerdo para pagar sus honorarios, nunca se instauró dicha acción.
La propietaria explicó que el apartamento está deshabitado porque arrendarlo o venderlo en su estado sería un absurdo y un riesgo. Ricardo y su familia insisten en que no hay riesgo alguno en Fuencarras, pero un informe del Idiger de 2018 indicó que la zona oriental de los parqueaderos, justo abajo del controvertido apartamento 103, presenta riesgo de desplome inminente. Los vecinos han puesto plásticos en el techo que tapan las grietas, pero incluso las raíces de la maleza de la terraza han sobrepasado la placa y son visibles en el techo del garaje. Becerra tiene dos autos lujosos allí y dice que no le interesa sin son aplastados, pues “lo relevante es que el ascensor o las escaleras funcionen adecuadamente. Yo vivo bien aquí”.
El problema para la venta de los apartamentos de Ricardo y de Castellanos radica en las condiciones que ha planteado la firma interesada. “Nos ofrecieron pagar un sitio en arriendo mientras nos cancelan el valor de los inmuebles y eso no lo vamos a aceptar”, e incluso le aclaró a SEMANA que definitivamente no va a aceptar ninguna oferta nueva.
Decisiones difíciles
La pelea entre vecinos se ha prolongado por años. Según la Alcaldía Local de Chapinero se han instaurado ocho querellas buscando derrumbar los predios, pero todo esfuerzo ha sido infructuoso.
Tras una reunión entre el Idiger, el alcalde Óscar Yesid Ramos y el Ministerio de Vivienda, se expuso el problema y se aclaró que la competencia en este caso recae en Ramos, ya que el instituto de riesgo únicamente puede hacer recomendaciones, pero no ordenar demoliciones. Eso sí, al existir el concepto de “declaratoria de ruina”, el alcalde puede eventualmente ordenar a los copropietarios que desalojen y paguen la demolición. “De no hacerlo, ellos serían los responsables jurídicos de cualquier desastre que ocurra”, explicó.
Tras la denuncia de SEMANA, el Idiger adelantó una nueva visita el 4 de agosto de 2021, y en su reporte de nuevo evitaron declarar la ruina, pues aclaran que esta decisión debe partir de un estudio geotécnico particular pagado por los dueños. Se le solicitó a la Alcaldía de Chapinero adelantar la señalización y aislamiento de la zona del andén de la calle 100 con novena y ponerse en contacto con los propietarios, a fin de que cumplan con las recomendaciones de la entidad.
Lo cierto es que es más fácil que los edificios se enderecen y se arreglen por la “mano divina”, antes que los propietarios se pongan de acuerdo. “Nos quieren desterrar, nos buscan asustar y no nos vamos a dejar. Nadie me saca de aquí”, sentenció Ricardo Becerra.