Para el próximo 12 de agosto quedó programada la audiencia de imputación de cargos en contra del exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar.
El exmandatario departamental deberá responder por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos formales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros.
En junio de 2021, el entonces diputado por Santander, Ferley Sierra, denunció ante la Fiscalía General al exgobernador por la celebración de millonarios contratos en medio de la pandemía y que beneficiaron a “empresas fantasma”.
En la acción judicial se alertó sobre la contratación para la compra de tapabocas para adultos y niños para atender las recomendaciones gubernamentales para evitar la propagación del Covid-19.
Sin embargo, el valor por unidad presentaba un sobrecosto. El entonces diputado detalló que por la compra de 94.340 cajas de tapabocas se presentaron cifras injustificadas.
Cada caja tuvo un valor de 31.538 pesos, sin embargo, en el mercado general cada caja tenía un valor que no superaba los 14.000 pesos.
Haciendo un cálculo, revisando varias cotizaciones, el denunciante asegura que existió un sobrecosto de 1.725 millones de pesos, esto debido a que el valor del contrato, según los documentos oficiales, ascendió a los 2.975 millones de pesos.
“Buscándolas en el mercado nos da que comprándolas al mayor nos da que sale la caja a 14 mil pesos, en total serían 84 millones de pesos. Sumándole el 40% de impuestos de la contratación pública, estaríamos hablando de 117 millones de pesos, aproximadamente. Es decir, una diferencia de 260 millones de pesos”, aseguró en su momento el diputado.
Denunciamos presuntos sobrecostos de aproximadamente 2 mil millones de pesos en contrato de la @GobdeSantander de @MAguilarHurtado para la compra de elementos de Bioseguridad que se necesitan para la alternancia educativa.
— Profe Ferley (@ProfeFerley) May 31, 2021
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La denuncia también implicaba a los contratistas beneficiados con la compra de los tapabocas, señalando que el contrato se hizo “a dedo” por parte de la Dirección Regional de Gestión del Riesgo con la Unión Temporal Bioseguridad y Protección, un consorcio que está conformado por dos empresas: Distribuciones Farmacéuticas del Oriente S.A.S, que tiene el 95% de la compañía; y Distribuciones y productos Life S.A.S., que tiene el 5% restante.
La irregularidad, según enfatizó el denunciante, estaría en que, según información de la Cámara de Comercio, la empresa mayoritaria se llamaba Makropharma hasta febrero, pero luego cambió de nombre. El diputado señala que pudo haber sido por denuncias que se hicieron el año pasado por otras presuntas irregularidades en el contrato que hasta ahora ha sido el más caro para atender la pandemia, celebrado entre la Gobernación y esa empresa.
Así mismo, la única dueña de la compañía sería Liliana Mateus Ortiz, quien es la esposa de Adriana Amaya, una exmilitante del Partido de Integración Nacional (PIN), el cual se desintegró, pero también se sabe que es cercana al exsenador Luis Alberto ‘El Tuerto’ Gil, condenado por parapolítica.
Con respecto a la empresa minoritaria, Distribuciones y productos Life S.A.S., asegura el diputado que está recién creada y que no reportó ningún movimiento financiero el año pasado. Denuncia que sería una “empresa de papel” en la que además uno de sus socios sería Iván Aguilar, un político de Santander del Centro Democrático y exdiputado del departamento.
Sobre toda la polémica, el diputado asegura que podría tratarse incluso de un caso de “presunto carrusel de contratación en la Gobernación de Mauricio Aguilar para beneficiar a estos contratistas”. Por eso, ya interpuso la denuncia penal en la Fiscalía, especialmente contra César Augusto García, director de Gestión del Riesgo del Departamento de Santander, por la presunto punible peculado por apropiación en favor de terceros.