En la tarde de este jueves 22 de octubre, el exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar, fue acusado ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia por el delito de prevaricato por acción.
El caso tiene relación con el impulso que le habría dado en febrero de 2023 el entonces mandatario departamental a la elección de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).
La fiscal primera delegada ante la Corte señaló, ante los cuestionamientos del apoderado del exgobernador, que en ese momento Mauricio Aguilar “era el presidente de la Asamblea Corporativa Ordinaria de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga”.
El exgobernador Mauricio Aguilar fue acusado ante la Corte Suprema de Justicia por actos de corrupción en Santander. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/ZlKicMICqZ
— Revista Semana (@RevistaSemana) October 22, 2026
“Y que en esa calidad actuó como presidente en aquella Asamblea Corporativa el 24 de febrero de 2023″.
Para la fiscal del caso, pese a los reclamos y observaciones de la defensa, el “comportamiento no es atípico” sin “presuntamente delictivo”, pues había recibido alertas y advertencias sobre los riesgos de realizar esa convocatoria.
En esa votación, cuatro alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga fueron elegidos para conformar dicho Consejo Directivo. Situación que fue demandada y anulada tanto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca como por el Consejo de Estado.
En las dos decisiones se advirtió que el gobernador de Santander omitió los trámites legales exigidos para convocar estas votaciones. Igualmente, permitió que funcionarios cuestionados participaran en el proceso.
“El entonces mandatario no habría atendido varias recusaciones presentadas en su contra y otros participantes para que se apartaran de la votación por un posible conflicto de intereses. Los elementos materiales probatorios indican que presuntamente dio continuidad al proceso y permitió que cuatro alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga fueran escogidos para conformar el Consejo Directivo”, indicó la Fiscalía.
Hace pocas semanas, el exgobernador de Santander fue vinculado a un nuevo proceso penal por las irregularidades en la construcción de un colegio agrícola, pagado con recursos de regalías y por más de 20.000 millones de pesos, que nunca entró en funcionamiento.
“La investigación indica que, en marzo de 2021, el entonces mandatario autorizó la compra por 551 millones de pesos del predio destinado a la obra, pese a que presentaba condiciones que comprometían su viabilidad, como fuentes hídricas, bosque nativo y una servidumbre de redes eléctricas por 30 años. Un arquitecto de la Secretaría de Infraestructura había advertido sobre las dificultades del terreno”, advirtió el ente acusador.
La Fiscalía aseguró que Aguilar Hurtado delegó la firma del contrato, suscrito el 7 de diciembre de 2022 por 15.280 millones de pesos. Los estudios y diseños estarían incompletos, no contemplaban las licencias ambientales requeridas y el presupuesto no incluía la totalidad de las obras necesarias.