Este lunes, la Fiscalía General le imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos formales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros al exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado.
El ente investigado advirtió que el entonces mandatario departamental firmó en 2021 un contrato con el canal regional TRO por un valor cercano a los 5.848 millones de pesos. Sin embargo, este convenio, según la investigación a cargo de la Fiscalía 11 delegada ante la Corte Suprema de Justicia estuvo llena de errores.
“Hubo falta de planeación y anomalías en el convenio entre la Gobernación de Santander y el Canal TRO para el manejo de un plan de medios en 2021″, advirtió el fiscal ante un magistrado con función de control de garantías de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
El convenio interadministrativo 2516018 del 2021 tenía como objetivo ‘aunar esfuerzos entre el departamento de Santander y Televisión Regional del Oriente Ltda. Canal TRO para la divulgación y posicionamiento de la imagen institucional Siempre Santander a través de los medios de comunicación y entornos digitales del departamento’.
Sin embargo, pese al monto del contrato la Gobernación de Santander entregó este convenio de manera directa, incumpliendo -según advirtió la Fiscalía- los principios de contratación que exigen una licitación pública para analizar las propuestas.
Las irregularidades no terminaron ahí. El Gobernador habría utilizado el contrato para beneficiar a un grupo de amigos y empresarios que lo apoyaron en la campaña en 2019. En la celebración del mismo se presentó una tercerización del contrato, el cual terminó en manos de empresas sin experiencia y que no cumplían ninguno de los requisitos.
El pasado 5 de agosto, la Procuraduría General citó a juicio disciplinario al exgobernador de Santander por las presutnas irregularidades en la celebración de un contrato de una plataforma tecnológica para brindar información durante la pandemia por covid-19, que habría superado los 1.000 millones de pesos.
La decisión también cobija al exdirector técnico de la Dirección de Gestión del Riesgo de ese departamento, Cesar Augusto García Durán, y al entonces supervisor del cuestionado contrato, Sergio Orlando Ferro Dávila.
El convenio bilateral tenía por objeto la atención a la comunidad, en lo relacionado con el covid-19, a través de un centro de atención telefónica, no se habría ejecutado de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista con el 100 % del personal ofertado.
No obstante, la administración aparentemente pagó por un servicio que no fue prestado, a pesar de que los informes del supervisor eran manifiestamente contrarios a lo pactado.
En ese sentido, el Ministerio Público cuestionó la conducta del exgobernador quien, habría delegado en el director de la Gestión del Riesgo, la facultad contractual para el cumplimiento de la misión y funciones propias de su cargo.
La Procuraduría también formuló cargos al mencionado exdirector de Gestión del Riesgo, quien firmó el negocio jurídico, y al supervisor del contrato, pues habría suscrito y aprobado las actas de supervisión del contrato y presuntamente no informó del incumplimiento del contratista.
Las conductas objeto de investigación fueron calificadas por el ente disciplinario como falta gravísima a título de culpa gravísima.