El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el hallazgo de rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados en un área de interés forense protegida.
El lugar está ubicado en el predio donde funcionan la Escuela de Logística y el Batallón de Contrainteligencia del Ejército, en Bogotá, y donde anteriormente operó el Batallón Charry Solano.
La información fue comunicada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones CAJAR y MOVICE, solicitantes de la medida cautelar sobre el terreno.
“El hallazgo está asociado a uno de los elementos materiales recuperados en el terreno, donde la JEP detectó y denunció, en febrero de 2025, una excavación no autorizada en áreas de interés forense que se encontraban protegidas por medidas cautelares desde el 12 de septiembre de 2024. Esta decisión judicial, además, se tomó a partir de información aportada por un compareciente, con el propósito de garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de los familiares de la víctima”, dice el comunicado de la JEP de este jueves 12 de febrero.
Tras conocer la intervención no autorizada, la JEP desarrolló actuaciones judiciales para proteger el sitio y preservar la evidencia. Presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.
Como resultado de este último, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025.
En su decisión, la Sección advirtió que la “alteración del terreno cautelado es irreversible, y con ello se impactó de manera negativa los derechos de los familiares del desaparecido”.
También señaló que “la zozobra que permanece frente a la desaparición forzada se incrementó ante la posibilidad de que la tecnología actual y las técnicas forenses no permitan establecer si en el sitio alterado se encontraba el cuerpo”.
Los elementos hallados fueron remitidos inicialmente por la JEP a la Fiscalía. Posteriormente, al establecer que habían sido enviados nuevamente a la Escuela de Logística, la JEP ordenó su recuperación y dispuso su envío, a través de la Unidad de Investigación y Acusación, a Medicina Legal para la práctica de las pruebas correspondientes.
